Un bloque de diputados nacionales presentó formalmente ante la Cámara de Diputados el libelo acusatorio contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, bajo la causal constitucional de mal desempeño de funciones (artículo 225 de la Carta Magna). La iniciativa legislativa —ingresada con el expediente D-2696185— fundamenta la acusación en una serie de hechos concatenados que vinculan al mandatario con el grupo empresarial Ueno, la flexibilización de normativas, la colocación masiva de fondos jubilatorios y la reciente crisis del sistema financiero tras la resolución de la entidad bancaria.
A continuación, los puntos clave y fundamentos desarrollados en los cinco ejes del documento acusatorio:
1. Conflicto de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las “puertas giratorias”
El libelo sostiene que el mandatario mantuvo y no transparentó oportunamente sus intereses económicos privados al asumir la Presidencia. En su declaración jurada consignó acciones por un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holding SAECA (equivalente al 1,58%), además de un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de G. 2.400 millones en la entonces Financiera Ueno y bonos por G. 350 millones en ITTI SAECA.
Los legisladores acusan al Ejecutivo de promover un retroceso legislativo deliberado mediante la Ley N.º 7236/2024, que modificó la normativa antipuertas giratorias (Ley N.º 7089/2023) eliminando las restricciones temporales para pasar del sector público al privado regulado y suprimiendo la calificación de mal desempeño para infractores. Como parte de esta dinámica, el libelo subraya los nombramientos de figuras clave del sector privado en organismos de control:
- Carlos Carvallo Spalding: Nombrado presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) tras presidir Financiera Ueno; bajo su administración se aprobó la conversión de la firma en banco y mantenía acreencias por G. 3.000 millones en bonos del Grupo Vázquez.
- Carlos Fernández Valdovinos: Actual ministro de Economía, con paso previo por el directorio de Banco Basa.
- Juan Manuel Gustale Cardoni y Diego Duarte Schussmuller: Exfuncionarios de control en el BCP que migraron directamente al directorio de Ueno Bank.
Asimismo, el documento señala la instrumentalización de entidades públicas (SND, SNJ, CAH y BNF) para convenios de exclusividad, cuentas de captación y adjudicaciones tecnológicas millonarias a favor de empresas del conglomerado.
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2. Manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del IPS
La acusación argumenta que se vulneró el artículo 95 de la Constitución —que consagra la intangibilidad y destino exclusivo de los recursos de la seguridad social— a través de la modificación de normativas internas para direccionar masivamente la liquidez previsional.
Entre septiembre de 2023 y los meses posteriores, los depósitos del IPS en la entidad crecieron un 3.035%, alcanzando más de G. 2,2 billones (unos US$ 333 millones) entre CDA y bonos financieros. Este volumen representó casi el 11% de la cartera de inversiones del instituto, rebasando el tope legal del 10% por emisor establecido en la Ley N.º 7235/2023, situación advertida formalmente por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones en junio de 2026.
El libelo enfatiza que esta concentración fue facilitada por cambios regulatorios internos del Consejo de Administración del IPS, como la reducción de puntajes mínimos de calificación y la eliminación del requisito de patrimonio efectivo como garantía de seguridad. También se denuncia la injerencia de asesores directos de la Presidencia en la toma de decisiones dentro de la previsional.
3. Sobrepaso de límites crediticios en Ueno Bank y presunto encubrimiento del BCP
El tercer eje detalla que informes técnicos de supervisión detectaron que Ueno Bank acumuló créditos con firmas vinculadas (MOWI S.A., Grupo M S.A. y Grupo S.A.) por G. 743.784 millones (alrededor de US$ 123 millones), alcanzando cerca del 30% de su patrimonio efectivo. Esta cifra sobrepasó el límite prudencial del 20% fijado en el artículo 47 de la Ley N.º 5787/2016, constituyendo un exceso de aproximadamente US$ 41,5 millones.
Los diputados sostienen que, ante una advertencia formal de la Gerencia de Supervisión sobre el uso extemporáneo de una “cesión de cartera” para maquillar el incumplimiento, la presidencia del BCP avaló la operación y dilató la aplicación del régimen sancionador y el plan de regularización. Esta tolerancia técnica postergó la intervención hasta el 2 de noviembre de 2026, fecha en que finalmente el Directorio del BCP declaró la resolución del banco por insolvencia, seguida por la renuncia de Carvallo Spalding.
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4. Beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito
En el aspecto estrictamente patrimonial, el libelo expone que el patrimonio neto de Santiago Peña pasó de G. 1.351 millones en 2017 a G. 23.024 millones en agosto de 2023 (un incremento superior al 1.600%), dejando una diferencia de más de G. 9.200 millones sin justificación suficiente en los registros públicos.
El documento sostiene que el mandatario utilizó su cargo para valorizar indirectamente sus acciones societarias mediante el fondeo estatal al grupo financiero. Como elemento agravante, se denuncian dos préstamos otorgados por Ueno Bank al presidente el 13 de mayo de 2024 por un valor total de G. 3.548 millones para financiar una vivienda en San Bernardino, con cuotas mensuales estimadas en G. 239 millones, un monto que sextuplicaba su salario oficial y resultaba incompatible con su capacidad de pago formal.
5. Afectación de la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico
El último eje aborda el impacto institucional de la crisis bancaria sobre la estabilidad económica del país. La acusación plantea que la subordinación de la supervisión técnica a intereses políticos e individuales erosionó el activo fundamental del sector: la confianza pública de los ahorristas.
Los firmantes señalan que la alta exposición de los fondos del IPS en una sola entidad ligada al poder de turno y las revelaciones públicas sobre la intervención personal del Ejecutivo en negociaciones comerciales del banco trasladaron la sospecha hacia el conjunto del sistema bancario, afectando la percepción de neutralidad del regulador y encendiendo alertas de riesgo sistémico ante eventuales corridas o deterioro del crédito.
El proyecto de resolución solicita a la Cámara de Diputados aprobar la acusación por mayoría de dos tercios para elevar el enjuiciamiento a la Cámara de Senadores, instancia competente para juzgar la destitución del jefe de Estado.