“La reconstrucción de la legitimidad del Ministerio Público es impostergable. Necesitamos que esta institución, de una vez por todas, cumpla con su mandato constitucional, represente a la sociedad, proteja el patrimonio público y persiga solamente a quienes cometan delitos”, expresó hoy el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens. Fue al reaccionar sobre la renuncia del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández.
El titular del Ministerio Público demitió de su cargo, en medio de fuertes cuestionamientos por la inacción de la institución que dirige en el caso Ueno Bank y su inacción en denuncias que afectan al expresidente, imputado y preso en Viñas Cue, Santiago Peña, como el caso “sobres del poder”.
Rolón tomó la decisión ante el inminente juicio político impulsado por la oposición y apoyado por las bancadas de la ANR en la Cámara de Diputados.
Seguidamente, Wiens dijo que se necesita “un Ministerio Público que respete a las víctimas, que no tema rendir cuentas constantemente de su actuación y que funcione sin selectividad”. “Para la Fiscalía no debe haber amigos ni enemigos, solamente ciudadanos que cumplen o no con la ley”, manifestó el exsenador y exministro de Obras Públicas.
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“Reseteo institucional”
Finalmente, el presidenciable colorado disidente hizo “un llamado” a la fiscala adjunta, Alba Rocío Cantero Vera, quien interinará la Fiscalía General “para que tome inmediatamente las primeras medidas que den inicio a ese tan ansiado proceso de reseteo institucional del Ministerio Público y nos devuelva la tranquilidad de vivir en una sociedad gobernada por leyes”.
El 11 de agosto de 2026, los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti presentaron formalmente acusación contra Wiens por lesión de confianza y daño a obras construidas, solicitando la elevación del caso a juicio oral y público (con un presunto perjuicio patrimonial estimado en G. 14.955 millones).
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En agosto pasado, el extitular del MOPC planteó la extinción de la acción penal y su sobreseimiento definitivo, en el marco del caso Metrobús.
La defensa sostiene en ese sentido “que el Ministerio Público formuló la imputación cuando el plazo legal de persecución ya había vencido”, o sea, 5 años después de que haya concluido la conducta que actualmente persiguen en el proceso penal en curso.
