23 de febrero de 2026

Paraguay será anfitrión de la 66ª Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la 40ª Asamblea del BID Invest, que reunirá en nuestro país a delegaciones de más de 48 países miembros del organismo multilateral, del 11 al 14 de marzo del corriente año. Pero esta no es la primera vez que nuestro país es sede de estos eventos del organismo internacional, ya que la primera vez fue en 1965 y la más reciente, en marzo de 2017. “Para el Grupo BID y para Paraguay, el encuentro representa un motivo de orgullo y una señal clara del momento que atraviesa el país. Esta designación no es casualidad”, afirmó esta semana Alonso Chaverri-Suárez, representante del Grupo BID en Paraguay.

La ANDE firmó cuatro contratos para la ejecución de obras estratégicas de transmisión, con una inversión total superior a US$ 56 millones. Estos proyectos son financiados conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de Taiwán (ICDF).

En un esfuerzo por garantizar la transparencia, eficiencia y calidad en la ejecución de las obras, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevaron a cabo una Misión de Monitoreo de Campo en la Central Hidroeléctrica Acaray.

La ANDE anunció la aprobación de un préstamo de US$ 70 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recursos que empleará para financiar la expansión y fortalecimiento del sistema de transmisión eléctrica del país, según informó.

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el primer paso para enfrentar el cambio climático desde el ámbito fiscal debe ser eliminar las políticas que profundizan el problema, en especial los subsidios a los combustibles fósiles. Estos subsidios pueden clasificarse en dos tipos: los explícitos, cuando el Estado asume directamente parte del costo de los combustibles o la electricidad, y los implícitos, que surgen al no contabilizar los daños ambientales y las externalidades negativas derivadas de su uso.