14 de enero de 2026

Mientras como primer punto del orden del día de la reunión convocada para la fecha de la Comisión Permanente del Congreso se prevé el análisis de leyes recientes aprobadas contra la “Mafia de los pagarés” y una eventual “invitación” posterior a ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el mismo tema, imputados en el caso siguen codeándose con las altas esferas del cartismo, festejando hasta el cumpleaños del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.


Desde la Corte Suprema de Justicia aseguran que la Ley N° 7615 que, en resumidas cuentas, elimina la rotación de ministros en las Circunscripciones Judiciales de todo el país, no significa una “restitución de feudos” para los integrantes del máximo tribunal. La alternancia continuará, pero anuncian que será en un plazo mayor a 2 años.

El abogado Carlos Trapani y el politólogo Marcelo Lachi coincidieron en que el país tuvo un gran retroceso jurídico y democrático durante el 2025 con leyes y otras modificaciones en materia al acceso a la información pública. Indicaron que el sistema clientelar afectaría al cartismo en las elecciones internas del 2027 que terminaría por dejarlo fuera de carrera a la presidencia.

El exsenador Pedro Santa Cruz (PDP) denunció que la reforma que elimina la rotación obligatoria en las circunscripciones judiciales y la restitución de los “feudos” de ministros de la Corte rompe con los avances en transparencia y revive prácticas que habían sido erradicadas. La ley fue promulgada el 31 de diciembre por el presidente Santiago Peña en medio de la “resaca” de fin de año.

La abogada y activista anticorrupción María Esther Roa cuestionó duramente la promulgación de la ley que restituye las circunscripciones judiciales a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la medida consolida un sistema de “feudalismo judicial” y evidencia una creciente injerencia política en el Poder Judicial.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso planteado por la defensa de los policías Evelyng Jazmín Núñez González y Cemion Arce Mendoza, condenados a 4 años de prisión por “apretar” a una joven madre. En juicio, concluido en mayo de 2024, fueron declarados culpables de privación de libertad, coima y extorsión en grado de tentativa.