14 de enero de 2026

En su primera sesión ordinaria de este periodo, la Comisión Permanente del Congreso decidió postergar para el próximo miércoles el debate sobre la situación del caso conocido como “Mafia de los pagarés”. Fue para no hacer esperar al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quién concurrió por la reforma de la Caja Fiscal.

Alberto Martínez será el próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, de no mediar sorpresa de último momento. En febrero se realizarán las elecciones, en un año en el que implementará la acordada para los feudos judiciales y en un marcado tiempo electoral en el que se definirán las intendencias de todo el país.

Desde la Corte Suprema de Justicia aseguran que la Ley N° 7615 que, en resumidas cuentas, elimina la rotación de ministros en las Circunscripciones Judiciales de todo el país, no significa una “restitución de feudos” para los integrantes del máximo tribunal. La alternancia continuará, pero anuncian que será en un plazo mayor a 2 años.

El abogado Carlos Trapani y el politólogo Marcelo Lachi coincidieron en que el país tuvo un gran retroceso jurídico y democrático durante el 2025 con leyes y otras modificaciones en materia al acceso a la información pública. Indicaron que el sistema clientelar afectaría al cartismo en las elecciones internas del 2027 que terminaría por dejarlo fuera de carrera a la presidencia.

El exsenador Pedro Santa Cruz (PDP) denunció que la reforma que elimina la rotación obligatoria en las circunscripciones judiciales y la restitución de los “feudos” de ministros de la Corte rompe con los avances en transparencia y revive prácticas que habían sido erradicadas. La ley fue promulgada el 31 de diciembre por el presidente Santiago Peña en medio de la “resaca” de fin de año.

La abogada y activista anticorrupción María Esther Roa cuestionó duramente la promulgación de la ley que restituye las circunscripciones judiciales a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la medida consolida un sistema de “feudalismo judicial” y evidencia una creciente injerencia política en el Poder Judicial.