ejecucion presupuestaria

El recurso habitual para prevenir la corrupción, que consiste en acentuar los controles internos aumentando los trámites administrativos, puede tener el efecto no querido de fomentar el soborno para que ellos concluyan con rapidez. Un remedio más radical –aplicado en nuestro país desde hace un par de décadas– es el de “tercerizar” la ejecución presupuestaria, recurriendo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro: hasta hoy, los resultados son decepcionantes, dados los contubernios entre ladrones de los sectores público y privado, incluso con la participación de prestanombres. Para concluir que el modelo está resultando inútil, basta con recordar los pozos de agua abiertos por encargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y las malversaciones cometidas en el departamento Central, entre otros, durante la emergencia sanitaria.

La Junta Departamental del Alto Paraná ha sido, así como las Juntas Municipales, casi siempre un cuerpo colegiado obsecuente y obediente al ejecutivo. No existen críticas a la mala administración, salvo algunas pocas excepciones.

La administración del exgobernador José Domingo Adorno (ANR) pagó millonarias sumas de dinero en “reparación” de vehículos que desde hacía tiempo estaban en desuso. Los supuestos trabajos se hicieron en un taller ubicado en la localidad de Areguá, del departamento Central. Uno de estos vehículos se encuentra en el cementerio de chatarras de la institución, mientras que el otro, abandonado en un taller de Loma Plata, sin reparación por falta de pago. Este hecho de corrupción se suma a la supuesta compra de 68 cubiertas para maquinaria que hace tiempo no funciona. La Comisión de Hacienda de la Junta Departamental detectó irregularidades en la ejecución presupuestaria del ex jefe departamental por un monto de más de G. 2.100 millones.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) está cerrando el año con una ejecución presupuestaria del 68% de su presupuesto para obras. Además cierra el 2023 con una millonaria deuda a sus contratistas.

Al cierre de noviembre de 2022, la ejecución de recursos financieros de las entidades que componen la Administración Central fue superior en 10,1% a la del mismo periodo del 2021, llegando a un monto total de G. 45,4 billones, que representa G. 4,2 billones más de lo ejecutado en el año anterior.