Escribanos y notarios

La escribana Olga Beatriz Denis Filippini denunció, mediante su abogado, la existencia de una supuesta confabulación entre jueces y peritos para lograr invalidar escrituras públicas. Esto, en el marco del caso en el que dos peritos son investigados por la Fiscalía por presuntamente haber invalidado la firma de una mujer, que antes de morir incluyó en su testamento a un empleado de confianza como beneficiario del 20% de sus bienes.

Por amplia mayoría, la Cámara de Senadores ratificó hoy su versión del polémico proyecto de ley “que crea el Sistema Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN)”. En el debate, los legisladores votaron por mantener la versión de la Cámara Alta, por tanto, la iniciativa del Poder Ejecutivo y Judicial vuelve a la Cámara de Diputados, que para ratificar su versión necesita mayoría absoluta. Es decir, 53 votos de 80 presentes.

Esta mañana se realizó en Diputados una audiencia pública sobre el proyecto de ley con media sanción del Senado, para crear el Registro Unificado Nacional (RUN). Varios gremios reafirmaron su rechazo a la iniciativa, acusando de pretender tener una “caja recaudadora” y que no servirá de nada, si no se toca la “cueva de ladrones” que es el Indert y pidieron levantar la “orden de silencio”, que impide a funcionarios públicos cuestionar la iniciativa. La titular de Registros Públicos fue la única representante del Ejecutivo presente, quién se limitó a prometer un “diálogo abierto” con los afectados.

La fusión de la Dirección de Catastro, Agrimensura y Registros Públicos, podría constituir un avance. Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá no solo de la unificación, sino también del diseño y gerenciamiento de procesos, sobre todo de una firme rendición de cuentas a la ciudadanía, señalan desde Horizonte Positivo

Varios sectores se instalaron esta mañana en zona del Congreso, donde dejaron saber el desacuerdo con el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional, el cual preocupa, pues generará más burocracia, se elevarán los costos de las tazas judiciales y ataca a instituciones que están funcionando. “Se está poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la propiedad privada”, sostuvieron.