4 de marzo de 2026

Todos los precandidatos a intendentes y concejales del país tienen tiempo hasta este sábado para entregar sus Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC) así como sus Declaraciones de intereses económicos vinculados (DIEV).

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, aseguró que el proyecto sancionado en el Senado ayer no “mejora ni empeora” el control del financiamiento político. Señaló que solo se incluyeron cuestiones “de forma” y no se tuvieron en cuenta algunas recomendaciones del Tribunal Electoral para realmente fortalecer el mecanismo de control.

La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones introducidas en el Senado y sanción el proyecto de ley que propone simplificar el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político.

La semana pasada, el Congreso Nacional fue nuevamente escenario de restricciones a derechos fundamentales, esta vez con la modificación del Código Electoral, pero específicamente en lo concerniente al financiamiento político, un tema siempre álgido puesto que solo un control estricto de los fondos de financiación de campañas electorales puede combatir el lavado de dinero, muchas veces proveniente del narcotráfico. En la misma línea renuente a los controles y la transparencia que el cartismo demostró desde la asunción al poder, esta vez se aprobó la modificación de varios artículos del Código Electoral. Entre otras cosas, se propone simplificar el proceso relacionado a las declaraciones de ingresos y gastos de campaña que regula el tema del financiamiento político, lo cual podría abrir las puertas a la falta de control y transparencia sobre los orígenes de los fondos de financiamiento, en medio de indicios del fortalecimiento de la narcopolítica en Paraguay.

Por pedido de cartistas y sus satélites, el Senado sesionará de forma extraordinaria el viernes 13 de junio, a las 09:00, para tratar dos proyectos de ley electorales relacionados con el periodo de inscripción al Registro Cívico Permanente (RCP) y al financiamiento político. Desde la oposición, denuncian que se pretende modificar el Código Electoral a medida de los intereses de la Junta de Gobierno de la ANR, que preside Horacio Cartes, designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU.