7 de mayo de 2026

Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que la informalidad sigue siendo uno de los principales retos del país, que se ubica en torno al 60%, en un escenario marcado por la necesidad de fortalecer la formación y la inserción laboral de jóvenes.

La masificación de la facturación electrónica prevista para el 2026 por parte de la DNIT plantea un desafío que va más allá de lo tributario. Contadores advierten que miles de mipymes aún enfrentan serias limitaciones de conectividad, capacitación y costos tecnológicos, especialmente en el interior del país.
Paraguay aparece en el Organized Crime Index 2025 como el 4º país más afectado por el crimen organizado en el mundo, solo detrás de Myanmar, Colombia y México. Este dato debería encender todas las alarmas: el país se ha convertido en un modo estratégico para el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, con redes criminales que penetran cárceles, partidos políticos y gobiernos locales.

La informalidad laboral continúa siendo uno de los rasgos estructurales más persistentes de América Latina y el Caribe (ALC). A pesar de los avances económicos registrados en distintos países, una parte significativa de la población ocupada sigue desempeñándose en condiciones que limitan su acceso a derechos básicos y a mecanismos de protección social. Analizar este fenómeno desde diferentes enfoques permite comprender mejor su magnitud y sus implicancias para el desarrollo de la región.

La tasa de desempleo en Paraguay se situó en el 4,9% en el tercer trimestre del año, lo que refleja un descenso frente al 5,3% del mismo periodo de 2024, mientras que la informalidad se situó en el 58%, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) difundidos esta semana, según resalta un despacho de la agencia EFE, originado en nuestra capital.

El senador Javier Vera, conocido como “Chaqueñito”, presentó en el Congreso su tercer proyecto de ley propio. La propuesta busca dar reconocimiento legal a la venta callejera, ordenar el uso de espacios públicos y otorgar beneficios sociales y tributarios al sector.