El presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo (APPC), Enzo Mannarini, comentó a ABC que la evolución en los primeros meses del año fue positiva y que el sector registró un crecimiento importante. No obstante, señaló que, hacia el cierre del trimestre, enfrentaron un golpe “muy duro” debido a la caída de los precios que los frigoríficos están dispuestos a pagar por el producto terminado.
Indicó que, en el transcurso de una semana, las empresas redujeron el precio cerca de un 30%, sin ofrecer explicaciones en un primer momento. Posteriormente, según comentó, desde el sector industrial porcino argumentaron que existía una sobreoferta de cerdos. Sin embargo, cuestionó esta versión, ya que en diciembre el mercado atravesaba una etapa de escasez que incluso incentivaba a aumentar la producción de animales.
“Nosotros apostamos por esto (mejorar la producción) y ahora dicen que existe sobreoferta, la única forma de entenderlo es que exista un ingreso ilegal de mercadería. En Brasil el producto ronda los G. 7.300 el kilo y en Argentina también es más barato. Lo único que podemos sobreentender es que está entrando mucha carne de contrabando y hay varios actores implicados”, afirmó.
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Reducción de precios pagados por los animales
En cuanto a los valores, recordó que anteriormente las industrias del país adquirián entre G. 13.500 y G. 14.000 por kilo vivo, mientras que actualmente se pretende pagar alrededor de G. 10.500 por kilo vivo de animal a los criadores.
Ante esa situación, las autoridades nacionales aparentemente "no estarían realizando los controles" necesarios contra el ingreso de productos cárnicos de unos de los países mencionados, lo que genera, para el presidente del gremio, una competencia desleal, evasión impositiva y un riesgo sanitario importante.
Añadió que existen actores que estarían colaborando con esta situación, permitiendo el ingreso de carne ilegal en volúmenes suficientes como para distorsionar el mercado. Asimismo, cuestionó qué frigoríficos también estarían faenando animales de origen irregular, considerando que existen sistemas como Sigor (herramienta del Senacsa que permite registra datos de propietarios, origen, destino, tipo y marca de los animales), que debería impedir este tipo de prácticas.
“Lo que buscamos es una trazabilidad clara y transparente para entender de dónde salen todos estos animales y esta supuesta sobreoferta que presiona los precios a la baja”, indicó.
Reiteró que el costo de la materia prima “golpea al sector”, especialmente en el contexto de aumento mercados para el rubro suino que resaltan las autoridades y de proyecciones de crecimiento que apuntan a triplicar o quintuplicar la producción en los próximos cinco años.
Pequeños productores podrían dejar el rubro
“Hay mucha información que hace pensar que la industria está pasando por un momento dorado, pero la situación que hoy está ocurriendo desestabiliza totalmente a los pequeños y medianos productores, que no contamos con grandes reservas como las grandes empresas”, expresó.
En esa línea, advirtió que transitar solo un mes este tipo de situaciones dejará fuera del mercado interno a muchos criadores. Si bien reconocen que los valores se rigen por la oferta y la demanda, insistió en que no “se explica el origen de la supuesta sobreoferta, lo que refuerza la sospecha de competencia desleal”.
“No existen políticas públicas para el rubro”
Por otro lado, el gremialista cuestionó que, pese a que el discurso oficial resalta el rol del pequeño y mediano productor como motor de la economía, no existen políticas públicas estatales que los integren a la cadena de exportación porcina.
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Sostiene que el Gobierno acompaña a grandes empresas para impulsar las exportaciones, lo que derivó en que estas mismas industrias compiten en el mercado interno, debido a que también son productores de animales. “Esto genera una competencia desigual. Se fortaleció a las grandes industrias, pero se dejó desprotegidos a los pequeños y medianos productores”, amplió.
Finalmente, recordó que desde el sector vienen presentando propuestas desde hace dos años, como el proyecto de 100 granjas, que contemplaba beneficios con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Agencia de Financiera Desarrollo (AFD).
Según manifestó, la iniciativa permitiría que cada familia rural logre ingresos superiores a G. 30 millones, además de generar 500 empleos directos y unos 800 indirectos. Sin embargo, lamentó que, pese a haber presentado el proyecto al MIC y al MAG, ninguna institución haya avanzado con la propuesta.