El exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna (ANR) usó su influencia en la justicia para zafar del proceso en la Fiscalía, a cargo de la entonces fiscala Victoria Acuña, en la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).
El exsenador colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna (actualmente cartista) demostró su influencia en la justicia para no ser investigado por su presunta vinculación en el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Por ejemplo, en el 2010, la entonces fiscala Victoria Acuña blanqueó al exlegislador en una pesquisa por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por el desfalco en la citada entidad, pese al dictamen favorable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha regalado a la República del Paraguay en general, y a la prensa en particular, un poderoso faro para alumbrar las libertades de expresión y de prensa en los difíciles tiempos que vivimos.
Ante el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta violación de la libertad de prensa y expresión en el caso de nuestro fallecido director Aldo Zuccolillo, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) consideró que lo más grave es el creciente “desinterés” del gobierno de Santiago Peña de respetar convenios y acuerdos internacionales e imponer una “tiranía” y el “autoritarismo”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de libertad de expresión del director del diario ABC, Aldo Zuccolillo, cuando en 2005 lo condenó por difamación a un político”. El castigo fue el pago de una multimillonaria suma de dinero a Juan Carlos Galaverna quien acudió a la justicia en demanda por su honor mancillado.
El último 2 de julio, la Comisión Interamericana de DD.HH. puso a consideración de la Corte con sede en San José (Costa Rica) un caso de “violaciones a la libertad de expresión, al principio de legalidad y a las garantías judiciales”, de las que fue víctima el fundador de este diario, Aldo Zuccolillo, a raíz de una querella que le promovió en 1998 el entonces senador Juan Carlos Galaverna. Siete años después, la CSJ condenó al querellado por el delito de calumnia, obligándolo a pagar al querellante un total de 754.000.000 de guaraníes. En un documento de gran relevancia, la Comisión estima ahora que las críticas de ABC Color gozaban de una “protección especial” porque aludían a “temas de evidente interés público”.