Meses después de la amenaza cartista de controlar los fondos públicos y extranjeros que reciben las ONGs, representantes de la Unión Europea (UE) anuncian el respaldo a seis proyectos sociales. El embajador de la UE, Javier García de Viedma, advirtió que dictaduras y regímenes atacan este tipo de organizaciones o inventan sus propios grupos porque representan un obstáculo.
Un informe del Senado revela que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cuyo nuevo titular es Javier Giménez, transfirió en 2023 G. 11.008 millones a empresas que se hacen pasar como “Instituciones sin fines de Lucro” y que no rindieron G. 2.613 millones. La Universidad Americana es la que más recibe y menos rinde.
La abogada María Victoria Rivas, que dirige la organización civil Centro de Estudios Judiciales, denuncia que el Gobierno pretende boicotear la labor de las organizaciones no gubernamentales, conocidas bajo las siglas de ONGs, como hace Nicaragua. En esta entrevista, Rivas se refiere a un proyecto de ley impulsado por el polémico senador y líder de la bancada cartista, Basilio Bachi Núñez, para equiparar a las Onegés con órganos de derecho público supuestamente para silenciarlas.
Voceros de todas las organizaciones sociales, desde la UIP hasta las comisiones vecinales del Paraguay, urgieron rechazar el proyecto de ley del cartismo que busca manejar fondos y la agenda de las ONGs. Dichas organizaciones calificaron a la iniciativa de stronista, represiva y autoritaria. Denuncian que la norma no busca controlar “fondos públicos”, sino absorber la cooperación internacional para fines políticos, manejar la agenda y excluir a los que “molestan”.
La Comisión de Legislación del Senado, cuya relatora es la senadora Kattya González (PEN) convoca este jueves a las 8:00, a una audiencia pública para debatir el proyecto de ley del cartismo para controlar los fondos públicos que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONGs).
La Cámara de Senadores resolvió ayer posponer el análisis del proyecto de ley que busca “controlar” los fondos públicos que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG). El aplazamiento se produjo por falta de dictámenes de comisión y prácticamente sin debate.