1 de abril de 2026

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, informó que el equipo jurídico de la institución ya está revisando las posibles sanciones que serán aplicadas a las empresas que se acoplaron a un paro de colectivos que castigó a la ciudadanía todo el fin de semana. Señaló que a su criterio, estas acciones por parte de los empresarios “son los últimos pataleos” en contra de la reforma del sistema que “no tiene macha atrás”.

En medio del paro de buses, la organización de pasajeros Opama sostiene que el Gobierno cuenta con herramientas legales para evitar la suspensión total del servicio, mientras avanza el pago de subsidios a transportistas. Cuestionan que a otros sectores también imprescindibles, como los médicos y choferes, sí les obligan a cumplir el servicio.

El Viceministerio de Transporte afirmó este fin de semana que el pago de compensaciones se concretará mañana, lunes 30, y enfatizó que los gremios de colectiveros no tienen facultad para definir los montos, aunque forman parte de un consejo que estudia las demoradas tarifas del pasaje. Si bien el sector empresarial mantiene su rechazo a la cifra anunciada por el Gobierno, no tendrían otra opción más que reactivar el servicio cuando reciban este desembolso.
El paro de choferes anunciado para hoy y mañana tendrá una adhesión parcial, ya que solo cuatro líneas confirmaron su participación. No obstante, alrededor de 100.000 pasajeros se verían afectados. Paralelamente, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (FETRAM) informó que sus empresas no sumarán a la medida de protesta.


La posibilidad de un paro de buses de 72 horas desde el lunes 21 de julio sacudió el debate sobre el transporte público en el Área Metropolitana. Aunque el servicio no se haya suspendido, tras un acuerdo entre empresarios y el Gobierno, la advertencia bastó para poner sobre la mesa lo que muchos ciudadanos ya experimentan diariamente: un sistema precario, caro para el Estado y financiado a crédito, según resalta un estudio de Horizonte Positivo.