7 de octubre de 2026

La senadora opositora Esperanza Martínez pidió la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, y de todo su consejo ejecutivo, al acusarlos de haber maquillado y facilitado el crecimiento acelerado de Ueno Bank, a costa de poner en riesgo las jubilaciones del IPS. Urgió a los legisladores cartistas a proteger las pensiones de los paraguayos y no recurrir al mismo argumento utilizado con Hernán Rivas de que “fueron engañados”.

El Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP) del Instituto de Previsión Social (IPS) constituye uno de los principales actores en la administración de recursos de largo plazo en Paraguay. La composición y el destino de sus inversiones, como se mencionaba en ediciones, son claves no solo para la sostenibilidad del sistema previsional, sino también para comprender el impacto de estos recursos en el sistema financiero y en la economía en general.
Tras el cuestionado intento de construir un “obelisco”, el Senado aprobó ayer aumentar el subsidio a los tres últimos excombatientes vivos de la Guerra del Chaco y equipararlo al sueldo de un legislador, es decir G. 38 millones al mes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario de pagos de los beneficios sociales y salarios en la Función Pública, cuyos desembolsos empezarán este vienes 21 de marzo, informaron desde la institución

La seguridad social en América Latina enfrenta un desafío estructural que afecta a millones de trabajadores. Más de la mitad de la fuerza de trabajo en 17 países de la región carece de cobertura efectiva en los sistemas de pensiones. A pesar de la expansión de la formalización laboral en ciertos sectores, el acceso a los beneficios previsionales sigue siendo limitado, lo que plantea un problema a largo plazo para la seguridad económica de la población envejecida.

La inclusión laboral sigue siendo uno de los grandes retos económicos y sociales en América Latina y el Caribe, una región caracterizada por una alta desigualdad y una estructura del empleo vulnerable. De acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de los 502 millones de personas en edad de trabajar, el 62,5% formaba parte de la fuerza laboral. Sin embargo, esta participación no garantiza condiciones de empleo que contribuyan al desarrollo social y económico de los países.