prebendarismo

Los gremios en que se asocian los prebendarios de toda la República siguen presentando acciones de inconstitucionalidad contra la nueva ley de la Función Pública con argumentos que van desde el supuesto menoscabo a la autonomía municipal hasta la también supuesta lesión a “derechos adquiridos”.

Los portavoces del nuevo odio a la democracia –nos dice Rancière– «habitan todos en países que declaran ser democracias en sentido estricto. Ninguno de ellos reclama una democracia más real. Nos dicen, por el contrario, que esta ya lo es en demasía. Pero ninguno se compadece de las instituciones que pretenden encarnar el poder del pueblo ni propone medida alguna para restringir este poder».

Supuestamente era intención de este gobierno racionalizar la organización y el funcionamiento del Estado para mejorar el uso del dinero de los contribuyentes y el servicio estatal a la ciudadanía. En ese orden, dos semanas antes de asumir y con su expreso consentimiento, el 31 de julio de 2023 se presentó al Congreso un proyecto de ley para permitir a las nuevas autoridades avanzar en fusiones y reestructuraciones con el fin de subsanar costosas e ineficientes superposiciones en la administración pública. La Cámara de Senadores, con amplia mayoría oficialista, acaba de otorgarle media sanción a ese proyecto, pero desnaturalizándolo completamente. La versión original del proyecto de ley “Que regula la organización administrativa del Estado” establece un “mandato especial” para el Poder Ejecutivo de analizar en una primera fase la potencial fusión o subrogación de funciones de instituciones públicas en diez casos específicos.

El senador liberal Eduardo Nakayama se refirió a la situación de los casi cuarenta presidentes de seccionales coloradas con altos salarios en el Estado y calificó a los operadores políticos y parientes como la “casta” parasitaria del Paraguay.

Fátima Ayala (HC), presidenta de la Seccional Colorada N.º 434 de Caacupemi, Aregua, presentó una denuncia ante el juzgado de Paz acusando al intendente de Areguá Humberto Denis Torres (HC) de cometer violencia hacia la mujer. Ayala afirma que Denis ejerce violencia política al desplazarla de sus roles políticos como presidenta de seccional.