17 de octubre de 2026

Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas, comentó sobre la reciente resolución del Senado en el caso Banco Atlas–CONMEBOL y denunció un bochornoso atropello a la independencia judicial. Advirtió que la Cámara Alta violó la Constitución para subordinarse a intereses privados y no descartó denuncias internacionales.
El abogado Rodrigo Yódice, representante de cinco de las querellantes en el juicio contra el comunicador Carlos Granada, quien fue condenado ayer a diez años de cárcel por varios hechos de acoso y coacción sexual, habló del proceso penal y desestimó algunos de los argumentos esgrimidos por Granada y su defensa contra las pruebas testimoniales que sustentaron los argumentos de la Fiscalía y la parte querellante.

Las defensas de cinco directivos del Banco Atlas imputados por supuesto lavado de dinero en el caso Conmebol plantearon recursos de reposición en contra de la providencia que admitió la imputación presentada por el Ministerio Público. Ayer se llevaron a cabo tres audiencias y para este jueves están programadas otras dos; luego el magistrado debe resolver si ratifica su decisión o devuelve el acta a Fiscalía.

El abogado Rodrigo Yódice, representante legal del Banco Atlas, cuestionó la presentación de una querella con la que la Confederación Sudamericana de Fútbol busca tener participación como víctima del proceso de supuesto lavado de dinero que la Fiscalía abrió contra directivos de ese banco y familiares del fallecido dirigente deportivo Nicolás Léoz. Opinó que se trata de una “acción penal revanchista”.

El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó ayer que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico” al no describir la conducta de los señalados. Indicó que el juez interviniente tiene la opción de rechazar el requerimiento de la Fiscalía.

El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico”. Sostuvo que se trata de una medida “direccionada y tendenciosa” que busca intimidar a un grupo empresarial por su línea editorial crítica. Señaló que se trata de una “persecución penal selectiva”, pues ni se identificaron los hechos atribuidos a los nueve imputados, entre ellos varios familiares de Leoz.