Entre enero y febrero de este año, la ANDE registró aproximadamente 1.500 reclamos comerciales, de los cuales el 40% fue por exceso de consumo, contó el gerente comercial de la institución, Ing. Hugo Rolón. Los clientes se quejan de que nuevamente la empresa estatal hace estimaciones y solo lee los medidores cada tres a cuatro meses.
La Itaipú Binacional firmó un convenio con la ONG ADIRI por G. 22.407 millones para la construcción de 46 pozos. El precio de cada obra, a cargo de una empresa cuyo accionista es un funcionario de la entidad, es G. 447 millones. Esta cifra representa el doble en construcciones similares y realizadas por la misma compañía.
La DNCP inició una investigación de oficio a la licitación del MOPC para contratar a una empresa que se encargará de la limpieza, ante sospechas de una sobrefacturación. En pleno año electoral, la convocatoria prevé una “inversión” de G. 12.675 millones, el doble del presupuesto que destinaba la cartera a este rubro.
ITAKYRY, Alto Paraná. La comuna inició la licitación para la provisión de almuerzo escolar en escuelas carenciadas, donde se prevé entregar el alimento apenas los últimos tres meses de este año lectivo. La Comisión de Hacienda de la Junta, en su dictamen, advirtió que la adjudicación estaría direccionada y que el precio referencial se presta a una sobrefacturación. El intendente Miguel Soria (ANR) rechazó las acusaciones.
CURUGUATY. Nativos de la comunidad indígena Fortuna de este distrito iniciaron una manifestación con cierre de ruta sobre el puente Curuguaty’y, tramo que conduce a Villa Ygatimí, para repudiar la supuesta sobrefacturación que se busca concretar en el marco de un proyecto de instalación de sistema de agua potable en dicha comunidad.
La investigación hecha por cuatro concejales municipales de Coronel Oviedo desnudó graves irregularidades cometidas supuestamente por el exintendente Eladio González Torres (colorado abdista) en plena pandemia del covid-19. Los ediles Rosana Bogado (PLRA), Pedro Vargas (ANR), Hugo Ovelar (ANR) y Juan Torres (ANR) demostraron claramente que en el 2021 hubo una sobrefacturación de G. 374 millones solo en la compra de kits de alimentos que tendrían que haber sido entregados a escolares de esta localidad. También la “desaparición” de G. 192 millones ingresados por expedición de registros de conducir y G. 190 millones en cargas de combustibles a vehículos viales que hace años están en desuso.