terapia intensiva

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) designó al doctor Derlis León como nuevo gerente de la Gerencia de Salud, quien fue destituido del cargo de director general de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) tras la muerte de un bebé por falta de terapia en el recién inaugurado hospital de Villarrica.

El señor Gabriel Rivas Ojeda, internado en el Hospital Distrital de Piribebuy, requiere de terapia intensiva de manera urgente, pero el Ministerio de Salud no provee de la cama especializada, pese a tener un acuerdo con sanatorios privados. Ante la urgencia, la familia presentó un recurso de amparo.

El senador Ignacio Iramain Chilavert señaló que el problema de las terapias es una realidad, la cual se observa mejor en invierno. Indicó que se pueden tener las maquinarias, pero que falta personal y capacitación para los mismos. Apuntó que muchas inauguraciones se hacen con tinte político y sin tener en cuenta las recomendaciones.

Luego de dos años, las obras de refacción de la zona de terapia intensiva neonatal del Hospital Nacional de Itauguá siguen sin culminar, aunque el director del centro de salud afirmó que los trabajos finalizarán pronto y que el área será habilitada en menos de un mes.

Nueve asociaciones de pacientes con dolencias “catastróficas”, como el cáncer, denunciaron en un comunicado la falta crónica de remedios y exigieron, tanto al Instituto de Previsión Social (IPS) como al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que adopten políticas de previsión y abastecimiento, pues el enfermo no podría esperar semanas o meses a que los burócratas culminen los trámites para la compra de fármacos ni los enfermos deben verse forzados a pedir un amparo judicial “para sobrevivir en un sistema indiferente o cruel”. Se trata de una muestra más del profundo malestar ciudadano -expresado también en las redes sociales- ante la aguda crisis del sistema sanitario, reflejado también en la insuficiencia crónica de médicos especialistas, de camas de terapia intensiva, de ambulancias, de equipos biomédicos para el diagnóstico precoz y hasta de jeringas y guantes, entre otros déficits que convierten en una burla cruel la norma constitucional que obliga al Estado a promover y proteger la salud como “derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”, razón por la que nadie ha de ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas.