Según denunció el ingeniero Germán Escauriza, lo que hizo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y los consejeros de Itaipú son actos ilegales, porque ni el Presidente de Paraguay ni el de Brasil tienen atribuciones como para modificar el Anexo C del Tratado de Itaipú, que es el que determina la tarifa de la energía eléctrica, según explica el asesor de la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados.
Aseguró que esta modificación realizada el martes último, tras una sesión extraordinaria del consejo de administración y del directorio de Itaipú, se dio para beneficiar a las empresas de transmisión y distribución brasileñas.
Consideró además que esta decisión es una entrega continúa, porque se registran pasivos ilegales que repercuten principalmente sobre el consumidor paraguayo, así como también sobre el consumidor brasileño.
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Causal de juicio político y engaño a la gente
Dijo, además, que otro acto ilícito es el esmero y esfuerzo para conseguir gastos sociales y dinero por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para que empresas amigas lo usen para contratos sin control del Estado paraguayo entregados por la concesionaria Itaipú.
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Afirmó que esto es causal de juicio político, considerando que se han esperado 50 años, que se cumple el año que viene, donde se cancela la deuda de capital de intereses, y siendo que el Estado paraguayo va a tener los suficientes recursos para contratar el 50% de la potencia instalada para uso y goce del 50% de la energía.
“Firmaron un contrato donde se extiende esto que hicieron hasta diciembre del 2023, o sea, que ya supera los 50 años. Están haciendo compromisos pos 50 años violando el anexo C, violando los tratados y la constitución”, dijo Escauriza en conversación con el programa Ancho Perfil de ABC Cardinal.
Consideró que el anuncio de la reducción del precio de energía eléctrica es una “propaganda baratija almacenera de cuarta”(sic), y se hace para engañar a la ciudadanía que tiene dificultades para entender la diferencia entre potencia y energía.
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Gente formada forma parte de empresas contratistas
Ante la consulta de porque no existe una reacción ante la situación grave de la modificación de la tarifa de Itaipú violando el tratado y la constitución, aseguró que se debe a que hay poca gente bien formada, y que la gente que está bien formada generalmente forma parte del paquete de empresas contratistas, o de funcionarios contratados por Itaipú, Yacyretá, ANDE.
Agregó, además, que también hay mucha gente y prensa que recibe propaganda de Itaipú que “no tiene ningún sentido”, para justamente acallarle a la gente. “Acallan a la prensa, a los legisladores, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y violan sistémicamente la Constitución, el Tratado y el Anexo” denunció el asesor de la Cámara de Diputados.
“Los representantes paraguayos se venden”
El ingeniero Germán Escauriza explicó que no son los brasileños los que “nos joden”, sino que son los mismos representantes paraguayos los que “se venden”.
“Y se venden por baratijas. Ahora regalaron cien o mil computadoras a la Contraloría ¿Quién le autoriza al consejo de Itaipú o al director a regalar computadoras a la Contraloría? ¿Qué es lo que quieren comprar? Esas son propinas estúpidas. No tienen atribución de regalar nada a nadie”, aseveró el Ingeniero.
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Paraguay puede recibir US$ 2.500 millones por año
Sin embargo, Escauriza sostuvo que lo mejor que puede hacer el Estado paraguayo a partir del 13 de agosto del 2023 es contratar el 50% de la potencia instalada. Utilizar la energía que se necesita, y el resto vender a la mismas empresas a quienes Electrobras le vende en el Brasil a un precio de mercado, estimó el asesor de entes binacionales.
Dijo que esa es una postura que va a ser adoptada por la Concertación, agregando que con esa medida Paraguay sale del pozo y el Estado va a poder recibir fácilmente US$ 2.500 millones por año, no US$ 80 millones para gastos sociales y US$ 120 millones para empresas amigas por año.
