Ejecutivo veta ley que aumenta el salario de los actuarios judiciales

El Gobierno aplicó un veto total al proyecto de ley que aumenta el salario de los actuarios judiciales argumentando, entre otros motivos, que tendrá un costo de G. 9.652 millones (US$ 1,3 millones) y que no hay recursos para financiarlo. Advierte que su implementación podría perjudicar la estabilidad macroeconómica del país.

Los actuarios judiciales celebraron la aprobación del aumento salarial en la Cámara de Diputados, fue en marzo cuando se iniciaba el proceso de estudio del proyecto de ley que culminó con la sanción el 27 de julio último.
Los actuarios judiciales celebraron la aprobación del aumento salarial en la Cámara de Diputados, fue en marzo cuando se iniciaba el proceso de estudio del proyecto de ley que culminó con la sanción el 27 de julio último.Arcenio Acuña Rojas

En plena etapa electoral la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprobaron el proyecto de ley N° 6964/2022 “Que designa a los secretarios de los juzgados de paz de la República del Paraguay en carácter de actuarios especializados de los juzgados de paz con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal, Niñez y Adolescencia, y establece el régimen salarial de los mismos.

La referida ley contempla que los actuarios especializados de los Juzgados de Paz, con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal y de la Niñez y Adolescencia, percibirán salarios y emolumentos no inferiores a los percibidos en esos conceptos por los Actuarios Judiciales de Primera y Segunda Instancia de nuestro país.

El proyecto establece que los aumentos se ejecutarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia y que, a los efectos del cumplimiento de la presente ley, las instituciones encargadas solicitarán a los órganos pertinentes las previsiones presupuestarias que correspondan.

El Ejecutivo, a través del Decreto N° 7625, del 12 de agosto, objeta totalmente el referido proyecto de ley sancionado por el Congreso el 27 de julio último y devuelve al Poder Legislativo para una decisión final al respecto.

Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, entre otros, es que el Ministerio de Hacienda sostiene que no existen sustentos técnicos que avalen la posibilidad de contar con ingresos adicionales que permitan asignar nuevos recursos con la fuente de financiamiento 10 o recursos del Tesoro.

Además, conforme al anexo personal aprobado por ley de presupuesto 2022, la Corte Suprema de Justicia tiene previsto 297 categorías JPE, denominadas “Secretario/a (II)” y “(III)”, que son conferidas a los secretarios de Juzgados de Paz, con una asignación mensual de G 4.000.000, y 828 categorías J66, denominadas “Actuario Judicial”, con una asignación mensual de G. 6.500.000.

Sostiene que, en caso de aprobarse el proyecto de ley, el costo mensual adicional requerido para financiar esta potencial ampliación de sueldo, sería de G. 742.500.000 (US$ 106.192) y el impacto anual es de G. 9.652 millones (US$ 1.380.434).

No hay recursos para financiar la suba

Hacienda considera que, según el análisis de comportamiento de los ingresos tributarios, no se observa un crecimiento por encima de lo estimado en el PGN para el presente ejercicio fiscal y que sus asignaciones se encuentran acotadas por rigideces estructurales y legales, y en el mediano plazo no se proyectan perspectivas de crecimiento o márgenes adicionales.

Además, advierte que el presupuesto general contempla resultados deficitarios, “situación que no ha sido revertida pese a la expansión observada en las recaudaciones tributarias, resultante del crecimiento en la percepción de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Subsecretaría de Estado de Tributación.

También menciona que, aunque la normativa propuesta establece que el ajuste en la remuneración se ejecutaría según la disponibilidad presupuestaria, el 100% del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para pagos de funcionarios y personal contratado se financia con recursos del Tesoro, “es decir, con recursos provenientes de los contribuyentes”.

El Ejecutivo indica que, en virtud de las consideraciones desarrolladas, encuentra, “en primer lugar, una transgresión del principio general de la responsabilidad fiscal, relativo a no perjudicar la estabilidad macroeconómica y asegurar el equilibrio entre ingresos y egresos. En segundo término, existe un impedimento material infranqueable, debido a que, hoy por hoy, no se cuentan con los recursos necesarios para dotar de contenido al proyecto de ley”.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, ya había adelantado en marzo que, de aprobarse, vetarían el proyecto de ley porque el Tesoro está en una situación deficitaria y abre las puertas para que todos los sectores planteen aumentos salariales.

Este mismo tratamiento tendrían los demás proyectos en estudio, actualmente en el Congreso existe un paquete de ampliación presupuestaria por G. 265.704 millones (US$ 38 millones), todas por iniciativas de parlamentarios.

La mayor parte de este paquete de proyectos prevé aumentos salariales para los funcionarios y creaciones de cargos, por lo que Hacienda ya advirtió igualmente que no hay fondos y que la aprobación pone en riesgo el cumplimiento de la meta de 3% de déficit fiscal.

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