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El Ejecutivo promulgó la semana última la Ley Nº 7.021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, con la cual se reemplazan las disposiciones de la Ley N° 2051/03. Al respecto, los gremios empresariales coincidieron en señalar que es el resultado de un trabajo en conjunto entre sectores público y privado, que logra actualizar una norma importante tras casi 20 años de vigencia. Se mostraron conformes con la nueva ley y consideran que, ahora, el desafío se traslada a la reglamentación.
Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), comentó que la normativa es el resultado de año y medio de trabajo, con las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, e incluso con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Para las mipymes es de suma importancia convertirse en proveedoras del Estado”, expreso. Recordó que un reciente reporte estatal reveló que sólo 9% de las compras públicas se hacen a las firmas de este sector, mientras que la nueva ley prevé 20% como mínimo de adquisiciones de mipymes.
Cabe destacar que las mipymes representan el 90% del tejido empresarial del país y emplean al 70% de la población económicamente activa (PEA), por lo que son consideradas el “motor” de la economía. A la vez, son las que registran mayor informalidad. Por eso, esta ley es clave, pues generará condiciones para fortalecer estas unidades de negocios, sostuvo.
“La primera gran batalla está ganada, pues estamos hablando de un mercado que puede ir en aumento, a partir de unos US$ 350 millones por año. Ahora, la segunda batalla es la reglamentación, estar en la mesa donde se trabaje en eso y generar igualdad de competencia. Hoy todo esta dirigido para las grandes empresas”, añadió.
Dos son los artículos que afectan al sector. Uno es el que habla de preferencia a mipymes en las compras de menor cuantía y otro, sobre dicha reserva de mercado del 20% para las mismas.
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UIP ve importantes logros
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, coincidió en destacar la importancia de la reglamentación y el protagonismo de las mipymes.
“La verdad que hubo bastantes logros. Ingresa el concepto de calidad, ya no sólo prima el menor precio. Esto es un cambio radical en el concepto de la ley”, dijo Duarte. Agregó que se establecieron aspectos para que prime la generación de empleos y también se incorporó una serie de sanciones, por ejemplo, a las protestas que sólo pretenden dilatar los procesos.
Destacó además la incorporación de mayor transparencia en las compras.
Crítica de los constructores
La Cámara Paraguaya de Construcción (Capaco), cuyo titular es Daniel Díaz de Vivar, lamentó por su parte que sugerencias planteadas por el gremio fueron rechazadas para la nueva ley.
Entre las preocupaciones, Diaz de Vivar citó que persiste la falta de un mecanismo de pago efectivo de intereses por mora por parte del Estado, cuando la contratante no cumple sus obligaciones. No se le permite al contratista suspender las obras por falta de pago, acotó.
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De esta manera, el sector privado se convierte en financista del Estado. “La falta de pago que hoy sufren las empresas pone en evidencia las falencias del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones”, subrayó.
Criticó también la “facultad exorbitante” del Estado al rescindir contratos unilateralmente, entre otros puntos.
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