La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) aplicó una reducción del canon a sus concesionarias durante la pandemia, lo que le privó de recaudar G. 32.000 millones, conforme reportó la Fiscalía en su acusación y pedido de juicio oral contra la directiva del ese organismo que implementó esa medida. La decisión privó a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) G. 9.600 millones, pues le corresponde el 30% de la recaudación.
La Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar estipula en su artículo 30 la distribución de la recaudación de la Conajzar. Establece que el 30% del total de la recaudación corresponde a la Diben. Asimismo, ordena que los municipios paguen parte de su recaudación por el rubro de juegos de azar.
La representante del Sindicato de Funcionarios de la Diben (Sifudi), María Elena Araujo, lamentó la falta de gestiones para recuperar los recursos que fueron dejados de recaudar durante la pandemia por la cuestionada determinación de Conajzar.
Recalcó que la exdirectora de la Diben, Carmen Corina Alonso, como también en ese entonces integrante de la Conajzar, acompañó la decisión de bajar la recaudación, a pesar de que eso representaba contar con menos recursos para atender a la gente más necesitada y en plena crisis sanitaria en la institución que ella misma dirigía.
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Araujo opinó que lo lógico sería que Alonso sea la principal interesada en contar con dinero para la institución que dirige. Alonso ahora se encuentra acusada y se expone a juicio oral, pues la semana que viene la Fiscalía General debe resolver cómo seguirá la causa.
En su momento, Alonso había culpado a la pandemia como causa de la caída de la recaudación, en conversación con ABC. Había omitido que ella así lo decidió con sus colegas de Conajzar.
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La Conajzar había alegado que las restricciones de circulación impedían el normal desarrollo del rubro de juegos de azar, por lo que decidió unilateralmente la reducción del canon a sus concesionarias. Como respaldo jurídico de la postura, había solicitado un dictamen al entonces procurador Sergio Coscia, quien indicó que el organismo cuenta con autonomía pero recomendó un decreto para aplicar la disminución del canon.
Por ese documento, la Fiscalía también procesó a Coscia y el próximo 18 de agosto se cumple un año del sobreseimiento provisional con el cual se le favoreció.
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Al respecto, Coscia indicó que el dictamen no es vinculante para la decisión de Conajzar.
Referente a la situación procesal de Coscia, su defensor Federico Huttemann, indicó que no tuvo conocimiento de que el Ministerio Público haya planteado alguna nueva medida por parte del Ministerio Público.
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También se encuentran procesados los exdirectivos de Conajzar que son el diputado Rubén Roussillón Blaires (ANR), José Antonio Ortiz, Ricardo Núñez Giménez (hermano del senador Basilio “Bachi” Núñez), Raúl Silva Busto, y Omar Rodrigo Mongelós.
Además, el directivo de la empresa TDP SA, la concesionaria de la quiniela, Álvaro Wasmosy Carrasco (hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy).
