Tras confirmarse que varios ministros de la Corte Suprema de Justicia se reunieron de manera secreta con el presidente Santiago Peña, crecieron las críticas sobre posibles riesgos para el Estado de derecho.
El economista y exministro de Hacienda, César Barreto, afirmó que, aunque las reuniones entre poderes son normales, el secretismo de este encuentro “no es una buena señal” y que puede generar dudas sobre la transparencia y la intención de los actores involucrados.
La reunión tuvo lugar en Mburuvicha Róga y contó con la presencia de los ministros César Diésel (presidente de la Corte), Luis María Benítez, César Garay, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón. No participaron los ministros Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander.
Según trascendidos, también habría estado presente el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, versión que acentuó las críticas sobre la potencial injerencia política en el Poder Judicial.
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“Genera dudas que se haya hecho de manera tan secreta”
En entrevista, Barreto aclaró que no cuestiona la reunión en sí, sino el hecho de que se la haya realizado en secreto.
“Autoridades de los poderes del Estado, claramente, pueden y deberían tener reuniones periódicas para coordinar acciones y mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía. Lo que complica y genera dudas es que se haya hecho de manera tan secreta. Si no se hubiera filtrado la información, ni siquiera nos enterábamos de un encuentro de este nivel y magnitud”, explicó.
El economista enfatizó que la transparencia institucional es clave para la confianza en el Poder Judicial y para la previsibilidad en el país.
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“Creo que no es una buena señal. Las señales institucionales son muy importantes para la previsibilidad y que la gente tiene respecto al rol del poder judicial. La actuación de ellos debe ser muy transparente y aclarar en qué casos y por qué han tomado estas decisiones, para que podamos entender que las intenciones han sido buenas”, añadió.
Expertos advierten que el secretismo de reuniones entre el Ejecutivo y la Corte puede generar incertidumbre sobre la independencia judicial, afectando la confianza de inversionistas y ciudadanos en la imparcialidad del sistema. Barreto coincidió en que, aunque las reuniones de coordinación son normales, la forma en que se realizan y se comunican es crucial para evitar interpretaciones negativas y preservar el Estado de derecho.
