ABC Color, sobre el ejercicio que agoniza, planteó al al exministro, en un par de ocasiones, Dionisio Borda, que evalúe los siguientes tópicos.
1).- Balance económico de 2025: luces y sombras de un año de crecimiento.
- El 2025 cierra con números macroeconómicos que, a primera vista, resultan difíciles de cuestionar. La economía paraguaya registra un crecimiento cercano al 6% del PIB, una inflación baja, estimada en torno al 3,5%, y consolida una estabilidad macroeconómica y financiera que ya se extiende por más de dos décadas. En el contexto regional, Paraguay aparece como una de las economías más sólidas, incluso envidiable para varios de sus vecinos. El propio gobierno insiste en este diagnóstico y destaca que el crecimiento promedio de los últimos tres últimos años, de 5,3%, ha superado el crecimiento potencial de la economía.
Sin embargo, detrás de estos buenos resultados macroeconómicos se esconde una realidad menos favorable. El crecimiento no llega de la misma manera a todos los sectores y la “cancha” sigue claramente desnivelada. En un país con altos niveles de desigualdad, el 10% más rico concentra el 35% de los ingresos, mientras que el coeficiente de Gini se mantiene en 0,44, lejos de una distribución equitativa. En términos concretos, las mejoras macroeconómicas no logran traducirse en bienestar para los sectores más vulnerables.
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Tres factores frecuentemente ignorados
Uno de los principales factores que explica esta brecha es el impacto de la inflación de los alimentos, cercana al 10%, que golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. A ello se suman una informalidad laboral del 63% y una cobertura de protección social que apenas alcanza al 24% de la población, limitando la capacidad del Estado para amortiguar los efectos del aumento del costo de vida.
La estructura productiva también explica por qué la bonanza no se siente en los bolsillos. Las micro y pequeñas empresas concentran el 73,7% de la fuerza laboral, mientras que la agricultura familiar representa el 90% de las fincas del país. Ambos sectores coinciden en un diagnóstico contundente: el crecimiento económico no se refleja en mayores ingresos y, sencillamente, “la plata no alcanza”.
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En el frente fiscal, el gobierno enfrentó el desafío de cumplir la regla fiscal, que fija un déficit máximo de 1,9% del PIB. El aumento de los ingresos tributarios recaudados por la DNIT no fue suficiente, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas optó por recortar gastos. Las restricciones presupuestarias afectaron a instituciones clave como el MOPC, el MSP y otras dependencias públicas, generando reducción de empleos y un mayor gasto de bolsillo de las familias en medicamentos, insumos médicos y kits escolares. El objetivo fue claro: cumplir la regla fiscal, aún a costa de trasladar parte del ajuste a la ciudadanía. Una lógica que muchos resumen como “desvestir a un santo para vestir a otro”.
Los indicadores sociales confirman que el crecimiento no ha sido inclusivo. De acuerdo con datos del INE, cerca del 13% de la fuerza laboral ni estudia ni trabaja, conformando el grupo de jóvenes conocidos como NINI. Además, el 30% de los menores de 17 años vive en situación de pobreza, y en 17 distritos de los departamentos de Alto Paraguay, Caazapá, San Pedro y Concepción se concentran los mayores niveles de pobreza del país.
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Advertencias de los gremios empresariales
En el plano internacional, Paraguay exhibe cifras macroeconómicas que lo colocan entre las economías destacadas de la región. No obstante, los gremios empresariales alertan sobre riesgos que no pueden ignorarse: una deuda pública cercana a los USD 20.000 millones (41,2% del PIB), problemas de seguridad jurídica, debilidades en el clima de negocios y el persistente atraso en la reforma de la Caja Fiscal. A noviembre, el déficit de esta caja ya alcanzaba los USD 335 millones, y de mantenerse la tendencia, el rojo acumulado podría llegar a USD 1.600 millones en la próxima década.
La falta de una estrategia clara para la agricultura familiar campesina, responsable del 90% de las fincas y pilar de la seguridad alimentaria, es otro de los puntos críticos. La campaña de varios rubros fracasó, especialmente en cebolla y tomate, debido a la saturación del mercado provocada por el contrabando.
A esto se suma el reclamo del sector de contratistas del Estado, que denuncia atrasos en los pagos por alrededor de USD 300 millones, con consecuencias directas sobre su endeudamiento bancario y su sostenibilidad financiera. Incluso, el propio ministro del MEF lanzó críticas públicas al MOPC por la deficiente gestión en la ejecución presupuestaria.
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En el mercado laboral, la situación es igualmente preocupante. En varios sectores, la remuneración de la mano de obra se ubica entre 55% y 60% por debajo del salario mínimo vigente. De cara a 2026, la deuda pública aumentará en más de USD 2.000 millones, de los cuales USD 1.200 millones se destinarán al pago de intereses (2,2% del PIB) y USD 730 millones a amortizaciones y comisiones (1,3% del PIB). No sorprende, entonces, que el PGN 2026 destine el 89% de los recursos del Tesoro a gastos rígidos: salarios, servicio de la deuda y el déficit de la Caja Fiscal.
Y sin embargo la presión por más recursos crece
2) Los desafíos del 2026
- Para 2026, el gobierno proyecta un crecimiento del 4,2%, en un contexto de mayor flexibilidad fiscal, con un déficit permitido de 1,5% del PIB. Al mismo tiempo, reitera que no habrá aumentos de impuestos. Sin embargo, la presión por mayores recursos es creciente, especialmente para fortalecer el capital humano —salud, educación, nutrición y transferencias sociales— y para impulsar la inversión en infraestructura, clave para un país sin litoral.
El desafío estructural sigue siendo el mismo: aumentar la productividad y diversificar la economía. Paraguay exhibe uno de los niveles de deuda pública más bajos de la región, con 41,3% del PIB, pero también muestra la menor presión tributaria, apenas 11,3% del PIB. En 2025, el Ministerio de Salud recibió el 2,5% del PIB, y el de Educación, el 4,3%, sumando apenas 6,8% del PIB entre ambos, muy por debajo de las recomendaciones internacionales de al menos 7% del PIB para cada sector.
La evidencia es clara: el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza mejoras en el bienestar. Reducir la desigualdad y la pobreza debe convertirse en una prioridad. Para atraer inversión extranjera directa, el país necesita mano de obra más calificada, mejor cobertura de salud, seguridad jurídica y un Estado con mayor capacidad institucional.
El PGN 2026 vuelve a mostrar una estructura rígida: el 89% de los recursos del Tesoro se destinará a salarios, intereses de la deuda y jubilaciones del sector público. Mientras los ingresos tributarios crecerían alrededor del 8%, el gasto público aumentaría cerca del 12%. La experiencia internacional demuestra que es posible crecer durante años con inflación baja y cuentas ordenadas, sin lograr reducir las desigualdades ni mejorar de manera sostenible el bienestar de la población.
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Preocupa el estancamiento del IDH
En ese contexto, preocupa el estancamiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la última década. El crecimiento económico no se tradujo en avances proporcionales en educación, salud o ingresos. Que el 1% de la población concentre más del 20% del ingreso es una señal elocuente de este desequilibrio.
3) El grado de inversión: una oportunidad con exigencias
- La obtención del segundo grado de inversión del S&P abre una ventana de oportunidades, pero también impone mayores exigencias. Sus beneficios no serán inmediatos y dependerán, en gran medida, de la capacidad del país para sostener la confianza de los mercados. Los gremios empresariales coinciden en que la calificación solo será sostenible si se avanzan en reformas estructurales que garanticen previsibilidad, institucionalidad y reglas claras.
La persistente debilidad del sistema judicial, la corrupción y la desigualdad en la aplicación de las normas limitan el impacto positivo del crecimiento económico. S&P proyecta que el PIB per cápita podría alcanzar los USD 9.000 en 2027, pero para ello será indispensable mejorar la seguridad jurídica y el acceso a servicios básicos. Los principales beneficiados de esta mejora serían los sectores financiero, bursátil e inmobiliario, siempre que se consolide un entorno institucional más sólido.
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4) Disciplina fiscal: avances reconocidos, riesgos latentes
- La mejora en la calificación de riesgo reconoce más de 30 reformas económicas que allanaron el camino hacia el grado de inversión. La disciplina fiscal, sostenida como política de Estado durante dos décadas, ha sido uno de los pilares de este logro.
La amenaza que representan ciertos pasivos
Sin embargo, los riesgos fiscales siguen presentes. El déficit de la Caja Fiscal y los atrasos en los pagos a constructoras y proveedoras farmacéuticas suman compromisos cercanos a USD 850 millones: unos USD 400 millones por la Caja Fiscal, USD 300 millones con las constructoras y USD 150 millones con el sector farmacéutico. Estos pasivos representan una amenaza concreta para la sostenibilidad fiscal y constituyen uno de los principales desafíos que el país deberá enfrentar para preservar la estabilidad macroeconómica y sostener el grado de inversión en el tiempo.