Este nuevo año encuentra a la ANDE entre temas pendientes y desafíos institucionales y financieros. A pesar de los anuncios rimbombantes del Gobierno de Santiago Peña, los proyectos estratégicos avanzan a paso de tortuga en los escritorios del Equipo Económico Nacional (EEN), mientras el sistema sigue perdiendo millones de dólares por ineficiencia técnica y robo de energía.
A continuación, los cinco ejes que marcarán el pulso de la empresa estatal en este 2026 que comienza.
Venta de energía al Brasil
A pesar de que en mayo de 2024 se calificó como un “hecho histórico” la habilitación para exportar energía paraguaya (no proveniente de Itaipú) al mercado libre brasileño, el proceso sigue empantanado. La licitación para la venta de 100 MW de la Central Acaray, lanzada en aquel mayo, no tiene aún la firma final del Ejecutivo.
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El titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, confirmó que la decisión sigue en manos del Equipo Económico. Aunque la empresa Infinity Comercializadora de Energía Ltda. mantiene su oferta de US$ 21,03 por MWh (renovándola cada tres meses), el silencio oficial alimenta sospechas. ¿Es un mal negocio o falta voluntad política?
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Cuenta regresiva para el Anexo C y la tarifa 2027
El 2026 es el último año del acuerdo transitorio firmado entre Peña y Lula da Silva en mayo de 2024. Actualmente, la tarifa de Itaipú se mantiene en US$ 19,28 por kW-mes, pero a partir del 1 de enero de 2027 el acuerdo de entendimiento entre ambos gobiernos obliga a que el costo refleje solo los gastos de operación.
En tanto, en el Congreso brasileño ya avanzan proyectos para imponer un techo de US$ 12 por kW-mes, argumentando que, tras el pago de la deuda de construcción de Itaipú, el costo real cayó.
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Paraguay llega a este año clave sin haber concretado la revisión del Anexo C, una tarea que fue suspendida debido al caso de espionaje del gobierno brasileño a autoridades de nuestro país, y filtrado a la prensa.
Reajuste tarifario
Para los primeros meses de este 2026, la ANDE tiene previsto definir la aplicación de la “tarifa técnica”. Según Sosa, el reajuste será gradual y buscará no afectar al 90% de la población, enfocándose en los sectores de mayor consumo y en la criptominería.
El argumento oficial es que sin mayores ingresos no hay obras, y sin obras no hay calidad de servicio. Sin embargo, la ciudadanía mira con recelo este ajuste, considerando que la institución aún arrastra niveles de ineficiencia que podrían subsanar sus finanzas sin cargar el peso sobre el usuario.
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Bonos
Tras postergarse en 2025, para este ejercicio la ANDE tiene luz verde para emitir bonos por G. 1,5 billones (unos US$ 200 millones). Para ello, la firma Ernst & Young culminó la auditoría de los estados financieros, un paso vital para obtener la calificación de riesgo internacional.
El objetivo es dejar de depender exclusivamente de los préstamos multilaterales y captar inversión privada local e internacional. Estos fondos están destinados al Plan Maestro de la ANDE, que busca modernizar una red de distribución que cada verano muestra sus costuras con cortes masivos.
Pérdidas y morosidad
Las cifras de la Memoria Anual 2024 son aterradoras: la ANDE perdió 6.933.583 MWh en sus líneas, lo que equivale a la producción bruta de nueve centrales Acaray. Traducido a dólares, la estatal dejó de percibir US$ 341 millones en un solo año. Si bien la morosidad ha mejorado, el robo de energía por parte de granjas de criptominería ilegales sigue siendo el principal problema. La lucha contra las pérdidas no técnicas será, nuevamente, el gran desafío para la gestión de Sosa en 2026.