La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) trazó a fines de 2024 un cronograma de avance de la facturación electrónica, mediante la Resolución General Nº 21/24.
La norma, por un lado, designó grupos de medianos y grandes contribuyentes para la obligatoriedad del uso de factura electrónica en fechas escalonadas —2025 y 2026—. Asimismo, dispuso que desde el pasado 2 de enero, los proveedores del Estado emitan documentos tributarios exclusivamente en formato electrónico.
Sistema E-kuatia’i
Paralelamente, el fisco impulsó la adhesión voluntaria al sistema E-kuatia’i, una solución gratuita diseñada para eliminar la barrera del costo del software en los pequeños negocios. Sin embargo, en el terreno operativo, la gratuidad de la aplicación no resuelve el problema de fondo.
Referentes del sector contable advierten que la barrera real para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) ya no es el precio de la licencia, sino la infraestructura básica: en gran parte del interior del país, la falta de conectividad estable y de cultura digital amenaza con convertir esta modernización en un mecanismo de exclusión.
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“Digitalizar sin excluir”
Desde el sector contable coinciden en que el principal desafío del proceso no está en la adopción tecnológica en sí, sino en las condiciones desiguales de partida entre los contribuyentes.
La Lic. Alba Talavera, directora de Educación Continua del Colegio de Contadores del Paraguay, señala que la facturación electrónica representa un gran avance, pero advierte que su implementación debe contemplar la realidad operativa de los micro y pequeños negocios.
Explica que una parte significativa de las Mipymes carece de equipamiento informático básico y enfrenta dificultades de conectividad, especialmente fuera de los grandes centros urbanos. Incluso, añade, en algunas zonas del interior dicha conectividad es inextistente.
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“El objetivo debería ser avanzar en la digitalización sin generar exclusión, teniendo en cuenta a pequeños comercios y trabajadores independientes que no cuentan con infraestructura tecnológica suficiente”, indica.
En ese contexto, considera necesario reforzar la capacitación práctica y el acompañamiento técnico, así como el desarrollo de herramientas que contemplen escenarios de baja conectividad.
El costo de la formalidad para las Mipymes
Desde una posición más crítica, la contadora y referente de la Resistencia Contable del Paraguay (RCP), Lic. Lilian Torres, pone el foco en los costos asociados al cumplimiento formal, que, a su criterio, pueden resultar desproporcionados para los pequeños contribuyentes.
Apunta que, más allá de la disponibilidad de una herramienta gratuita como E-kuatia’i, la formalización implica gastos adicionales, como la contratación de servicios de internet, la adquisición de firma digital y, en algunos casos, el uso de sistemas privados de facturación.
“Para muchas Mipymes que operan con márgenes mínimos, estos costos representan una carga difícil de sostener”, sostiene.
Torres también advierte sobre el impacto que este proceso puede tener en determinados segmentos, como adultos mayores, vendedores ambulantes y pequeños productores, que presentan mayores dificultades de adaptación a entornos digitales complejos si no cuentan con un acompañamiento adecuado.
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El fantasma de la informalidad
Tanto Talavera como Torres coinciden en que una implementación acelerada, sin ajustes operativos y sin políticas de apoyo diferenciadas, podría generar efectos contrarios a los buscados.
En lugar de ampliar la base de contribuyentes, el proceso podría incentivar la permanencia —o el retorno— a la informalidad de sectores que hoy operan en el límite de la formalización, según sostienen.
En esa línea, los gremios plantean que el desafío para el 2026 no pasa únicamente por cumplir los plazos normativos, sino por alinear la modernización tributaria con la realidad social y productiva del país.