La polémica Ley de reforma de Caja Fiscal sigue generando reacciones y tras el aplazamiento de su tratamiento en Cámara Alta, varios sectores afectados informaron que proseguirán con las medidas de protestas en reclamo por los recortes de beneficios proyectados, especialmente en lo referente al incremento de la edad mínima y del aporte.
En principio, docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) solicitaron al Consejo Superior Universitario (CSU) ampliar por dos semanas más el paro total en todas las unidades académicas, esto en medio de protestas y cierres interminentes del tránsito durante la jornada de ayer. Finalmente el Consejo resolvió ayer a la tarde, extender el paro de actividades hasta el 13 de febrero, por el momento y aseguran que seguirán con las medidas de protestas.
El reclamo central de los educadores de la UNA apunta a la necesidad de integrar la Mesa Técnica que estudia el Proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Los docentes cuestionan que una propuesta que afecta directamente su futuro previsional avance sin la participación de los principales sectores.
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Los docentes universitarios reiteraron que mantendrán las medidas de fuerza mientras no existan garantías claras de que la reforma de la Caja Fiscal contemple condiciones que aseguren una jubilación digna, advirtieron que el avance del proyecto sin consenso podría profundizar el conflicto.
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La UNA continúa paralizada
En tanto, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) continúa paralizada en su totalidad, situación que impacta de manera directa en las actividades académicas y administrativas de varias facultades. Como consecuencia de la medida de fuerza, se encuentran suspendidos de manera momentánea los procesos de exámenes finales y los exámenes de ingreso.
Del conjunto de servicios que ofrece la UNA, solo están exceptuados aquellos considerados imprescindibles, principalmente los servicios asistenciales que se prestan en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas, donde se garantizan las atenciones de urgencias, las terapias intensivas y las cirugías programadas. En contrapartida, permanecen suspendidos los agendamientos y las consultas médicas.
Analizan paro escalonado en sector judicial
Desde el Palacio de Justicia se anuncia un posible cese de actividades por parte de algunos jueces como consecuencia de la reforma de la caja fiscal, medidas que serán confirmadas tras la asamblea convocada para el próximo martes 17 de febrero.
Los diferentes gremios del sector judicial solicitan en primer término una reunión urgente con el ministro de Economía Carlos Fernández, además que se informe sobre el fondo y destino del dinero del aporte jubilatorio del Poder Judicial, que según sostienen, acumularía un superávit de G. 320.000 millones y no descartan presentar una denuncia innominada.
Además, los gremios socializaron un organigrama de cese escalonado de actividades que van a poner a consideración el próximo martes 17 en la asamblea para luego comunicar al Poder Judicial. Inicialmente el paro sería de una hora entre el 18 de febrero y 16 de marzo, pero se irá incrementando a dos hora el 17 de marzo, a 3 horas para el 18 de marzo y hasta 5 horas para el 20 de marzo.
En tanto que para el 23, 24 y 25 de marzo preven un cese total de la actividades judiciales que incluyen a la Corte Suprema, Fiscalía y Defensoría, con acompañamiento de los funcionarios judiciales.
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Ante cambios en Caja, más de 200 policías ya solicitan retiro
Alrededor de 214 efectivos ya solicitaron su pase a retiro hasta ayer y este número creció principalmente en los últimos días, como efecto de los cambios previstos en el régimen de jubilaciones del sector público, confirmó el comandante Carlos Benítez
El comandante indicó que entre los solicitantes figuran oficiales superiores y suboficiales que cuentan entre 20 años y más de servicio.
De acuerdo con la interpretación que manejan muchos uniformados, el temor principal radica en una eventual reducción de beneficios.
Actualmente, la normativa vigente establece 30 años de servicio para acceder al 100% de los beneficios jubilatorios. Con la nueva ley, teniendo 25 o 26 años de servicio, los beneficios estarían en el orden del 80%, más o menos. Ahí es donde ven un descenso bastante drástico”, explicó.
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Persisten dudas
El comandante afirmó que la institución ya socializó la información oficial entre el personal, basándose en las aclaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado del proyecto de reforma. Afirmó que les brindan esas explicaciones a los que buscan su retiro pero que de igual manera existen las dudas y el temor.
“Algunos persisten en la duda de que probablemente sean perjudicados por la nueva ley, por más de que se les explica”, señaló.
Los agentes antiguos no serían alcanzados
Ante el aumento de solicitudes de retiro dentro de la Policía Nacional, el comandante Carlos Benítez aseguró que los agentes con mayor antigüedad no serán alcanzados por los cambios previstos en el proyecto de ley, que fue postergado en la Cámara de Senadores ayer tras presión masiva de docentes.
“Los que hoy día estamos regidos por la ley actual ya tenemos los derechos adquiridos, o sea que no vamos a tener modificación en cuanto a lo que es el porcentaje”, explicó. Según detalló, el proyecto establece que la nueva normativa afecte únicamente a quienes tengan menos de 10 años de servicio.
“Diez años para abajo son los que en adelante serían afectados por la nueva ley. Es lo que está dentro del proyecto y es lo que ha explicado el MEF”, expresó.