En el programa “Enfoque Económico” de ABC Cardinal 730 AM, el economista y consultor actuarial Víctor Hugo Molinas Gwynn compartió detalles respecto al informe técnico del cual se basó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para presentar el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, más conocido como Caja Fiscal.
Molinas es justamente el autor directo de dicho estudio actuarial, cuyos cálculos alertan que el déficit del sistema, estimado en US$ 380 millones al cierre de 2025, podría dispararse a US$ 9.800 millones en la próxima década si no se aplican medidas correctivas.
Durante la entrevista, el economista apuntó que el sistema es considerado un “programa presupuestario” y no una entidad previsional autónoma. Esta clasificación tiene implicaciones significativas, ya que la Caja Fiscal opera como una dirección dentro del MEF, según comentó.
Desde su perspectiva, esta dependencia genera varios problemas, siendo los principales la falta de autonomía y el potencial conflicto de intereses.
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“Gran parte hoy está financiado por aporte del presupuesto general y con la nueva ley de Superintendencia de Pensiones, existe un consejo de Superintendencia donde el ministro es básicamente el presidente de ese consejo. Entonces, es como que él va a estar controlando la propia entidad que está bajo su cargo”, detalló Molinas.
Mencionó que una de las recomendaciones que hizo fue que la Caja Fiscal “tiene que salir del ministerio”, subrayando que necesita autonomía e independencia de gestión propia.
No obstante, añadió que el proyecto de reforma actual no propone algo puntual sobre eso, ya que está orientada sobre los parámetros de elegibilidad para obtener los beneficios.
El problema de los retiros tempranos
En esa línea, al ser consultado sobre el origen del déficit en los sectores más críticos, el experto afirmó que la causa principal radica en que los retiros se dan en edades tempranas.
Explicó que, actualmente, la esperanza de vida permite que un jubilado perciba sus haberes durante un periodo casi tan extenso, o incluso superior, al tiempo que contribuyó al sistema, lo que hace que los fondos sean insuficientes a largo plazo.
Para ilustrar la inviabilidad del modelo vigente, el actuario presentó un escenario en el que una persona comienza a aportar a los 18 años y se retira a los 55. Aunque acumula 37 años de aporte, la esperanza de vida actual implica que cobrará la jubilación por un promedio de 26 años.
Añadió que con una modificación paramétrica leve, como aumentar la edad de retiro a 57 años (así como lo proponía originalmente el proyecto del Ejecutivo), reduciría en cuatro años la obligación de pago de la Caja, lo cual tendría un impacto importante en la sostenibilidad del fondo.
Sobre este punto, el profesional fue categórico al señalar que, bajo las reglas vigentes, la ecuación financiera es simplemente inviable.
“No era financiable todo esto, porque en estas reglas de negocio, puntualmente del magisterio nacional, no hacía falta ser un actuario para entender que la plata no iba a alcanzar. Si yo aporto 20 años, me jubilo a los 45 o 48... ¿cuánto tiempo voy a estar cobrando? No hay dinero que alcance“, expresó Molinas.
Distintos requisitos de acceso
El consultor actuarial subrayó que, aunque se habla de “una Caja Fiscal”, en la práctica existen varios regímenes donde “cada uno tiene sus propias reglas”.
Esta estructura fragmentada provoca que el acceso a la jubilación cuente con condiciones heterogéneas en parámetros clave como la edad mínima, los años de aporte y la tasa de sustitución.
El análisis expuesto por el especialista actuarial va de la mano con lo compartido por el equipo técnico del MEF en las reuniones con la Comisión Permanente del Congreso. En términos de edad mínima, la Administración Pública, los magistrados judiciales y el personal de blanco cuentan con requisitos de 62, 50 y 55 años respectivamente.
Por el contrario, el magisterio nacional, los docentes universitarios, la Policía Nacional y los militares, bajo el sistema actual, no requieren una edad mínima. Son precisamente estos sectores los que concentran el mayor déficit, siempre según los datos de la cartera económica.
En 2025, el Programa Civil de la Caja Fiscal mostró un importante desequilibrio financiero. Dentro de este, el Magisterio Nacional fue el más deficitario, con US$ 174 millones. Los docentes universitarios también contribuyeron al saldo negativo con US$ 7 millones.
En el ámbito del Programa No Civil, las fuerzas públicas también mostraron números rojos: los policías registraron un déficit de US$ 108 millones, seguidos de cerca por los militares, con un saldo negativo de US$ 102 millones.
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Falta de previsión
El actuario explicó que el actual planteamiento sobre la Caja se presenta debido a la “falta de previsión” histórica, que llevó al sistema a un “punto límite”.
Lamentó que no se hayan tomado decisiones a tiempo para que el impacto de las reformas fuera “gradual” y “más digerible” para la ciudadanía. Asimismo, hizo referencia a un intento de reforma durante la gestión del exministro Benigno López (2018 - 2020), que fue truncado por la pandemia, lo que significó una pérdida de cinco a seis años.