Representantes de la Agremiación de Funcionarios Jubilados y Activos del Sector Civil (AGREMIA JUBI) se reunieron esta mañana con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, en el marco del debate sobre el proyecto de Ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocido como Caja Fiscal.
La reunión, presidida por el senador Colym Soroka, tuvo como objetivo escuchar de primera mano a los sectores directamente afectados por la reforma.
El Dr. Jorge Ramírez, presidente del gremio, expresó que, aunque el sector jubilado no se verá afectado directamente por los cambios en la edad o tiempo de aporte que regirán para los funcionarios activos, manifestó igualmente su preocupación por la sostenibilidad de sus pensiones y el uso de los recursos superavitarios.
El representante gremial cuestionó la base del proyecto de ley, que fundamenta el financiamiento de los sectores deficitarios (como el de las Fuerzas Públicas, Magisterio Nacional y Magistratura Judicial) con los fondos excedentes del Sector Civil (Administración Pública).
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Argumentó que el dinero del superávit “no es del Estado” sino que constituye patrimonio privado de los aportantes superavitarios.
“El legislador no puede atribuirse la facultad de disponer del dinero que pertenece a las personas que aportan para su jubilación. Ese es un régimen de rapiña que viene tolerándose lastimosamente desde hace doce años”, criticó Ramírez.
Recordó que este sistema de financiamiento cruzado ya llevó a la quiebra de los fondos superavitarios del Poder Judicial y de los docentes universitarios, y temen que, de continuar, el sector civil corra la misma suerte en los próximos años.
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En otro momento, Ramírez reclamó el supuesto uso indebido y la “desaparición” de los fondos superavitarios.
Explicó que, si bien la ley habilitó el uso de una porción del superávit para el financiamiento de otros sectores, se extrajo una cantidad superior a la permitida.
Respecto a ese punto, detalló que incluso llevaron un pedido de auditoría de gestión ante la Contraloría General de la República (CGR), pero no obtuvieron respuesta alguna.
La reforma pendiente
Los jubilados reiteraron su posición de que el problema reside en la ausencia de una reforma integral. En ese sentido, expresaron su apoyo a una reforma total que garantice la independencia y autarquía de todas las cajas previsionales.
Según indicaron, esto obligaría a que “cada administración administre sus recursos” y los propios miembros sean “exigentes en las condiciones” para la suficiencia de su régimen jubilatorio.
“Nosotros los jubilados creemos que el régimen jubilatorio debe ser suficiente con su aporte para que el jubilado perciba su dinero sin contribución del Estado”, subrayó el titular del gremio.
Déficit creciente
Según las informaciones compartidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el déficit de la Caja Fiscal presenta una trayectoria “creciente y sostenida” en los últimos años.
En este contexto, el saldo negativo acumulado entre 2021 y noviembre de 2025 ascendió a US$ 1.050 millones, de acuerdo a los datos compartidos por la cartera económica.
Este monto se debe principalmente al déficit del Programa No Civil, en particular el de las Fuerzas Públicas, el cual se financia con recursos tributarios del Tesoro. Por otro lado, el déficit del Magisterio Nacional, que sumó US$ 564 millones, fue cubierto con excedentes generados por el Programa Civil, según el MEF.
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