El Consejo Nacional de Salarios Mínímos (Conasam) se reunirá mañana viernes para iniciar el debate del ajuste del salario mínimo que actualmente asciende a G. 2.899.048 y cuyo último ajuste se dio en junio del año pasado, en base en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La fórmula de ajuste basada en el IPC generó cuestionamientos tanto de los sindicatos, que reclaman un aumento mayor, como del sector empresarial, que pide priorizar la sostenibilidad.
Consultado sobre este escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, dijo que no es un tema que aún se ha discutido a nivel del equipo económico o a nivel del Ejecutivo. “Tenemos que agotar las instancias de discusión técnica, que es primero este consejo tripartito, luego está el Consejo Nacional de Salario Mínimo. Y bueno, nosotros estamos aguardando un poco cómo se dan esas discusiones para ver impacto”, refirió.
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Peña pide administrar ansiedades
Por su parte, esta semana, el presidente Santiago Peña hizo un llamado insólito a “administrar ansiedades” y ha indicado que evaluará los informes técnicos de la Conasam antes de tomar una decisión final.
Este proceso debe completarse antes del 30 de junio de cada año para que el nuevo salario entre en vigencia a partir del 1 de julio.
Cabe recordar que existe una fuerte presión por parte de los trabajadores para revisar el método de cálculo, incluyendo la posibilidad de incorporar otras variables económicas, más allá del IPC, para lograr un ajuste más “justo”, considerando que la inflación acumulada desde julio hasta abril llega a 2,4% y que aún queda un par de meses más para sumar.
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En el escenario actual, el reajuste para este año según la inflación del IPC rondaría el 3%, o sea alrededor de G. 87.000, un monto totalmente insuficiente para hacer frente a la realidad que debe enfrentar un trabajador que percibe el salario mínimo, en tanto que el sector empresarial defiende la legalidad del ajuste por IPC para mantener la estabilidad económica del país.