La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) continúa con la investigación preliminar del fallido contrato entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la firma catarí Doha Holding Group LLC, ligada a Alejandro Domínguez Pérez, y adelantó que abrirá un sumario administrativo una vez que se completen los documentos pendientes.
El director de la institución, Agustín Encina, confirmó que el proceso aún no concluyó debido a que la institución está a la espera de informes por parte de la petrolera estatal.
“No terminó aún la investigación previa porque estamos pendientes del envío de documentos por parte de Petropar; una vez enviados estos documentos se hará el dictamen jurídico pertinente y se abrirá el sumario administrativo a la empresa”, señaló a ABC.
DNCP realiza verificaciones preliminares
Encina explicó que todos los casos de rescisión contractual son sometidos a verificaciones preliminares, justamente para determinar responsabilidades y definir si corresponde sanciones a la firma proveedora, tras un sumario.
Según fuentes del sector, la firma podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación para contratar con el Estado. Explicaron que la normativa vigente también prevé que las sanciones alcancen a personas físicas vinculadas a la empresa, como directivos, administradores, apoderados, accionistas o beneficiarios finales.
El caso gira en torno a la rescisión del contrato con Doha Holding, que debía proveer 100.000 toneladas métricas de gasoíl por más de US$ 61 millones, pero no entregó una sola carga del combustible comprometido.
Petropar rescindió el contrato y ejecutó la garantía
Ante el incumplimiento de la empresa foránea, Petropar ejecutó la garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000 el pasado 28 de abril, emitida por el Banco Continental, ocho días después de formalizar la rescisión, que se concretó el 20 de abril último, mediante la Resolución PR/WW N° 152/26.
La cancelación del contrato se dio tras el vencimiento de la décima prórroga otorgada a la empresa, que tampoco cumplió con los plazos extendidos. La estatal rechazó además el argumento de “fuerza mayor” esgrimido por la firma catarí, que alegó dificultades derivadas del conflicto en Medio Oriente, al no presentar documentación que respalde la existencia ni el envío del producto.
Otro punto que llama la atención es que la garantía que cobró Petropar recién fue emitida el 29 de diciembre de 2025, a más de un año después de la firma del contrato, rubricado el 30 septiembre de 2024. Inicialmente, Doha Holding había presentado solo una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento y un documento en árabe del Qatar International Islamic Bank.
Esta primera “caución” estaba firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, quien figura como representante legal de la empresa, y fue incorporado como tal tras observaciones de la DNCP.
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Los vínculos de la compañía en el país
El contrato también estuvo rodeado de polémica por los vínculos de la firma en el país. Entre sus representantes figura Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez y Saad Doukali.
Posteriormente se incorporó al jeque Al-Thani tras observaciones de la DNCP. La sede local de la compañía incumplidora fue establecida en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de la directora jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez.
Documentos señalan además que Julio Jiménez incluso autorizó la firma de agunas de las adendas en representación de la empresa, pese a que no está registrado como tal en el portal de la DNCP.
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Petropar y su férrea defensa por el “precio milagroso”
Durante la administración anterior de Petropar, encabezada por Eddie Jara, la estatal defendió el acuerdo argumentando que el precio ofertado —US$ 610 por tonelada métrica— permitiría un importante ahorro frente a los valores internacionales. Sin embargo, desde su anuncio, el monto fue cuestionado por considerarse irreal frente a las cotizaciones del mercado.
Ahora, con la verificación en curso, la DNCP deberá determinar si corresponde sancionar a la firma catarí por el incumplimiento del contrato, en uno de los casos más controvertidos de contratación pública reciente.