El nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) comenzó a operar en enero de 2026, luego de que el Presidente Santiago Peña firmara el decreto mediante el cual reglamentaba la Ley 7424/25, que creó el Registro. Se trata de una institución que fusionó la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, que se encontraba vinculada a Tributación del entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía); y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La organización Tetãgua Sapukái afirma que el caso evidencia problemas en la implementación de la Ley N.º 7424/25, que unificó las funciones de la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y la Dirección Nacional de Registros Públicos, y reclama la derogación de esa normativa.
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El presidente del movimiento, Wulfran González, explicó a ABC que la denuncia se refiere a una finca fraccionada en 1952, cuyos propietarios solicitaron la corrección de la ubicación gráfica de dos lotes al detectar que, según la base de datos georreferenciada, las fracciones aparecen intercambiadas con relación a los títulos de propiedad.
Fracciones intercambiadas respecto a títulos de propiedad
Según el dirigente, ambos propietarios reconocen la existencia del error y presentaron en forma conjunta los títulos autenticados, estudios de títulos, comprobantes de pago del impuesto inmobiliario, planos y demás documentos para solicitar la rectificación.
No obstante, aseguró que el trámite fue observado por funcionarios de Catastro, quienes requirieron nuevamente documentación que, según afirma, ya había sido presentada.
“Lo que pedimos es que se corrija la ubicación de los números de cuenta catastral para que coincidan con los títulos. No existe una disputa entre los propietarios, sino un error en la base gráfica”, sexplicó González este martes en conversación con nuestro medio.
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Cuestionamientos a la ley del RUN
Más allá del caso puntual, Tetãgua Sapukái cuestiona la Ley N.º 7424/25 porque considera que la integración de Catastro con los Registros Públicos dentro del Registro Unificado Nacional (RUN) genera inseguridad jurídica.
González afirmó que Catastro cumple una función administrativa que históricamente dependía del Poder Ejecutivo, mientras que los Registros Públicos forman parte del Poder Judicial. A su criterio, la unificación concentra atribuciones en una sola institución.
También cuestionó que la legislación establezca que la inscripción registral no constituye, por sí sola, prueba del derecho de propiedad, situación que, según dijo, debilita las garantías para los propietarios.
El dirigente sostuvo además que, cuando existen inconsistencias en la información catastral, los afectados encuentran dificultades para acceder a los antecedentes de terceros y demostrar la ubicación real de sus inmuebles.
Solicitan volver al esquema anterior
Como salida al problema, el movimiento propone derogar la ley y restablecer la separación entre Catastro y los Registros Públicos.
González indicó que la organización ya había presentado el año pasado un pedido formal ante el Congreso para revisar la normativa, aunque aseguró que la iniciativa no fue tratada.
También señaló que solicitó una audiencia con autoridades del área de Catastro para exponer el caso. De acuerdo con la denuncia presentada por el movimiento, el pedido fue realizado este año, el 9 de junio y, tras consultar personalmente sobre su estado el 16 de junio, le informaron que sería recibido después del 16 de julio.
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Denuncian posibles casos similares
El presidente de Tetãgua Sapukái sostuvo que este tipo de inconsistencias podría repetirse en otros inmuebles y mencionó que existen antecedentes de conflictos de ubicación de propiedades en Alto Paraná.
Según explicó, este tipo de errores suele detectarse únicamente cuando los propietarios intentan vender sus inmuebles o realizar trámites que requieren verificar la ubicación gráfica de los lotes.