El resultado de inflación cero en agosto abrió un contraste con la percepción cotidiana de muchos consumidores paraguayos. Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) no detectó variación mensual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes se produjeron aumentos relevantes en los combustibles, tanto de emblemas privados como de Petropar, un rubro bastante sensible para el consumidor.
Para el economista Luis Rojas, el resultado no implica que los precios hayan vuelto a ser accesibles, sino que, en promedio, no aumentaron más durante ese período.
Rojas señaló que el resultado de agosto cuanto menos resulta especialmente llamativo por la suba de los combustibles, un componente determinante para el transporte, los fletes y buena parte de la actividad económica. Entre febrero y agosto, según su análisis, los precios de distintos tipos de diésel y naftas aumentaron en torno al 30%.
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Ese incremento, concentrado en seis meses, no se tradujo en una variación positiva del IPC durante agosto. Para el economista, el fenómeno revela las limitaciones de interpretar el dato de inflación de un solo mes como una descripción completa del costo de vida.
Según detalló, la misma tensión se había registrado también en julio. Ese mes fue ajustado el salario mínimo legal en 5%, pero el IPC incluso mostró una retracción, de acuerdo con los datos del BCP citados por Rojas. El comportamiento de ambos meses cuestiona, a su juicio, la idea de que una mejora salarial genera de manera automática un aumento de precios.
“Ni en julio ni en agosto hubo aumento de precios” en el indicador general, observó el especialista, pese al reajuste salarial de julio y a los incrementos de combustibles de agosto. Sin embargo, el economista remarcó que esos datos corresponden a una coyuntura puntual y no reflejan necesariamente el recorrido de los precios en plazos más largos.
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Precios de carne y frutas siguen elevados
El caso de la carne vacuna ilustra esa diferencia entre la inflación mensual y el nivel efectivo de los precios. Rojas afirmó que, en promedio, la carne se encareció 30% en los últimos dos años, aunque con diferencias entre cortes.
Por ello, una inflación mensual de cero no supone que la carne haya dejado de ser cara: únicamente indica que no registró nuevos aumentos relevantes en ese mes. El precio acumulado permanece en un escalón alto para el consumidor.
La situación se repite en las frutas frescas, que, según el economista, acumularon una suba general cercana al 60% en dos años. Aunque puedan producirse pequeñas oscilaciones de corto plazo, el nivel de precios sigue siendo elevado.
Rojas extendió ese diagnóstico a otros alimentos de consumo frecuente, entre ellos carne de cerdo, carne de aves, lácteos, productos panificados y otros bienes de la canasta cotidiana. En estos rubros, sostuvo, el encarecimiento se fue consolidando durante períodos de dos o tres años.
Qué mide el IPC
La explicación del economista se concentra también en la composición del IPC. El indicador del BCP releva una canasta de 470 bienes y servicios, diseñada como una herramienta para orientar la política monetaria.
Esa amplitud, según Rojas, puede diluir la incidencia de los productos esenciales para hogares de ingresos medios y bajos, ya que la canasta incluye artículos y servicios que no forman parte del consumo habitual de amplios sectores de la población, como pasajes aéreos, hospedajes hoteleros o bebidas de alto precio.
Para una familia trabajadora, sostuvo, la estructura real de consumo podría concentrarse en entre 120 y 150 productos de demanda cotidiana. Medir la evolución de ese conjunto permitiría reflejar con mayor precisión el impacto de los alimentos, el transporte y otros gastos básicos sobre el presupuesto familiar.
La distancia entre ambas canastas ayuda a entender por qué la inflación general puede mantenerse estable mientras los hogares perciben que sus gastos esenciales continúan bajo presión.
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Una canasta básica para ajustar salarios
Rojas planteó la creación de una medición específica de una canasta básica de familias trabajadoras. El índice debería contemplar un número más reducido de productos, limitado a consumos habituales, y utilizarse como referencia para discutir ajustes salariales, en particular del salario mínimo.
El economista considera que esa medición debería estar a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), y no del Banco Central. Su argumento es que el BCP tiene responsabilidades directas sobre la política monetaria y el control de la inflación, por lo que también medir el resultado de esa política podría ubicarlo en una posición de “juez y parte”.
De acuerdo con Rojas, países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Perú asignan al organismo nacional de estadísticas la medición del costo de vida. Un esquema similar, afirmó, permitiría separar la ejecución de la política monetaria de la evaluación estadística del encarecimiento que enfrentan los consumidores.