La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) enfrenta debilitada un eventual arbitraje con Atome por su propia conducta y su “negligencia”, según el análisis del consultor del sector eléctrico Ing. Guillermo López Flores. Lo plantea tras el aviso de controversia que la empresa anunció el 17 de septiembre último.
En su análisis, López Flores sostiene que la estatal “descubre” recién cuatro años después, entre 2022 y 2026, que el precio del contrato no cubre su tarifa técnica. El Contrato de Compraventa de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) entre la ANDE y Atome fue firmado en mayo de 2022.
Afirma que esa tarifa no figura en el Pliego Tarifario N° 21, vigente hasta hoy, y que fue sacada “de la galera”, aunque elaborada por una consultora.
ANDE: Desidia y negligencia
El consultor considera que es un caso de desidia y negligencia de la estatal. Según él, la ANDE no actualizó sus instrumentos tarifarios y firmó libremente el contrato.
Opina que un tribunal arbitral internacional, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), difícilmente lo reconocería como fundamento para romper el contrato o reclamar daños.
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El peso de los financiadores
López Flores destaca la estructura financiera del proyecto Atome Villeta. Según su análisis, un paquete de deuda de US$ 420 millones pasó por la debida diligencia de BID Invest, la IFC (Grupo Banco Mundial), el Banco Europeo de Inversiones, FMO (Países Bajos) y el Fondo Verde para el Clima.
Como accionistas de Atome PY menciona a Hy24 (inversor ancla), ATOME PLC (Reino Unido), IFC, KfW DEG (Alemania), IFDK / Impact Fund Denmark, Sudameris Bank y Casale S.p.A. (Suiza), contratista EPC que también ingresó como accionista.
Con ese cuadro, se pregunta cómo se explica que el proyecto haya llegado a firmar un contrato EPC (acuerdo llave en mano) con Casale “hace ya un año”, y que se hayan aprobado los US$ 420 millones, si el PPA de 2022 fuera frágil.
Para él, es una “evidencia indirecta pero contundente” de que el contrato fue considerado sólido en su momento.
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Lo que sostiene Recalde
El análisis parte de las declaraciones del ingeniero Ángel María Recalde, extitular de Yacyretá y presidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), publicadas por Última Hora.
Recalde sostiene que un eventual reclamo de Atome contra el Estado carecería de sustento legal. Argumenta que el Ejecutivo puede derogar sus propios decretos si no entraron en vigencia mediante contratos específicos. Y que nunca se firmó un acuerdo bajo el esquema tarifario de esos decretos.
Además, afirma que la relación vigente es el contrato PPA de mayo de 2022, sujeto al Pliego Tarifario N° 21. Preveía originalmente 60 megavatios y una puesta en marcha entre 2024 y 2025. Luego, mediante adendas, la potencia se amplió a 145 megavatios.
La entrada en operación se postergó a 2027 y después a 2029, algo que Recalde atribuye a dilaciones de la empresa. De ahí su conclusión, tal como la recoge el análisis: “si existe una parte con fundamentos para reclamar el incumplimiento de los compromisos asumidos, esa es la ANDE”.
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Lo que la ANDE podría reclamar
Sin embargo, López Flores enumera, como opinión propia, conceptos que podrían sustentar un resarcimiento, siempre que se demuestre un perjuicio:
- Costos por potencia reservada en Itaipú, contratada y pagada para abastecer a Atome.
- Oportunidad comercial perdida, por no haber otorgado contratos de suministro a otros interesados.
- Derecho a denunciar el contrato o rechazar prórrogas cuando venció la fecha de puesta en marcha pactada.
- Otros perjuicios, directos o indirectos, derivados de las demoras.
Pero advierte que estos fundamentos tienen un límite: la propia conducta de la ANDE a lo largo del tiempo.
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El rechazo de la ANDE a Atome
El análisis hace referencia a la negativa de la estatal a modificar el contrato. Consta en la nota P. 2380/2026, fechada el 26 de junio de 2026 y firmada digitalmente por el entonces presidente de la ANDE, Félix Sosa y dirigida a James Spalding, presidente de Atome Paraguay.
La ANDE responde a la Nota 14/2025 de Atome, del 12 de noviembre de 2025 (Expediente N° 1000110028/2025), que solicitaba modificaciones al contrato de conexión y suministro de energía eléctrica. Según la respuesta, realizó “análisis técnicos y financieros” sobre la tarifa, las condiciones técnicas, económicas y comerciales, y concluyó que “no resulta factible acceder a lo solicitado”.
El documento no detalla qué cambios pidió Atome, qué cifras se analizaron ni por qué se rechazó. La respuesta llegó más de siete meses después del pedido. Además de la firma de Sosa, lleva la firma digital de Tito Ronald Ocariz Krauer, en ese entonces gerente técnico de la ANDE.
Una disputa cruzada
El análisis señala que, el 17 de septiembre de 2026, Atome PLC anunció que notificó al Estado paraguayo un Aviso de Controversia e Intención de Someter a Arbitraje. Se basa en el Tratado Bilateral de Inversiones Reino Unido–Paraguay.
Para López Flores, se trata de una disputa cruzada inminente, con ambas partes preparando sus fundamentos. Concluye que la estructura del proyecto no fortalece por igual a ambas partes. Sostiene que sirve de evidencia de que el PPA fue considerado válido y viable, lo que debilita a la ANDE.