En un durísimo golpe para la credibilidad financiera del país, la agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings anunció este miércoles la colocación de la calificación crediticia de Paraguay (BB+) en revisión negativa, retirándole la perspectiva positiva que mantenía.
La calificadora internacional sostuvo que el desencadenante principal de esta decisión es el impacto directo y los efectos en cadena provocados por el colapso de Ueno Bank, la destitución vía juicio político del expresidente Santiago Peña y la posterior asunción de Pedro Alliana en el Poder Ejecutivo.
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La decisión de la agencia rompe el relato oficial de que el quiebre de la entidad digital no afectaría a la economía en general. Fitch enfatizó que la crisis del banco salpicó fuertemente la confianza en el sistema financiero y amenaza seriamente las arcas del Estado, debido a la millonaria cantidad de depósitos públicos y previsionales que quedaron atrapados.
A esto se le suma el agravamiento del escenario fiscal previo, salpicado por el impago a proveedores, el aflojamiento de las metas de déficit y el estancamiento de grandes proyectos de inversión privada.
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El riesgo de USD 900 millones para el Fisco
El informe técnico de la calificadora expone números fríos y preocupantes sobre el verdadero agujero que dejó la resolución de Ueno Bank. Si bien el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) del Banco Central del Paraguay (BCP) cuenta con los recursos para cubrir a casi el 97% de los ahorristas minoristas, unos USD 900 millones, existe una bolsa de USD 2.100 millones en depósitos no asegurados que están en absoluta cuerda floja.

De ese monto sin garantía, casi USD 900 millones pertenecen al sector público, incluyendo a las entidades binacionales y, lo que es peor, la mitad de esa masa de dinero corresponde a los fondos de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).
Fitch advierte que el Gobierno de Alliana sufrirá una presión política para rescatar con dinero del Tesoro estos fondos no asegurados. Esto implicaría asumir una deuda fiscal inmediata equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), aumentando el déficit y poniendo en riesgo el pago de compromisos futuros.
Más deuda y desconfianza institucional
La agencia internacional proyecta que las necesidades de financiamiento del Estado paraguayo se dispararán entre 2026 y 2027. Las previsiones de déficit fiscal pasaron al 3,2% del PIB para este año y al 3,9% para el 2027. “Es improbable que las autoridades alcancen el objetivo de déficit del 1,5 % en 2028, dado el debilitamiento del déficit subyacente”, sostiene el Fitch.
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Según los analistas, a principios de 2027 Paraguay se verá obligado a recurrir a los mercados internacionales, pero ahora deberá pagar tasas de interés mucho más caras por el aumento del riesgo país.
Fitch recordó que Paraguay se encuentra rezagado en el percentil 39 del Índice Mundial de Gobernanza por el bajo control de la corrupción, la debilidad del Estado de Derecho y las dudas que genera la capacidad de supervisión del Banco Central.
El reporte concluye advirtiendo que, si las autoridades no logran contener el golpe político ni frenar el aumento desmedido de la deuda pública, la nota crediticia del Paraguay sufrirá una inminente rebaja, alejando aún más el anhelado grado de inversión.
En septiembre de este año, Fitch ratificó la calificación de Paraguay en “BB+” con Perspectiva Positiva y la firma estadounidense optó por no dar el paso definitivo hacia el codiciado “Grado de Inversión” (que requiere alcanzar el peldaño “BBB-”)
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A diferencia de las otras dos grandes agencias internacionales, Fitch es la única que no otorga el Grado de Inversión a Paraguay. El panorama general de las calificaciones del país se compone de la siguiente manera:
Moody’s Ratings: Otorgó el grado de inversión en 2024 con una nota de Baa3.
S&P Global Ratings: Concedió el segundo grado de inversión a finales de 2025 al elevar la nota a BBB-.
