Ya va siendo común en nuestro medio que los políticos se nutran del dinero del narcotráfico, y que muchas veces no les den náuseas exhibirse orondamente con delincuentes sin importarles el “pedigree”, seguramente con tal de que aporten para la campaña, para después huir de ellos como apestosos si por ahí se descubren sus antecedentes o simplemente son vinculados con alguna investigación. Es lo que ocurrió en los últimos días con respecto al anteriormente cotizado y hoy renunciante diputado (ANR, añetete, excartista) Juan Carlos Ozorio y el pastor evangélico José Insfrán, quien en un audio es saludado calurosamente por el vicepresidente de la República y candidato a presidente, Hugo Velázquez, quien anuncia inclusive que va a asistir a un acto en el “avivamiento”, como se denomina la iglesia del religioso, actualmente prófugo de la Justicia, del que hoy trata de desmarcarse.
La historia de la simbiosis política-narcotráfico, que hoy eclosiona, viene de lejos. Recordemos que días después de que una comisión senatorial haya denunciado en 2014 los vínculos entre el narcotráfico y varios diputados, como Freddy D’Ecclesiis (ANR) –reelecto cuatro años más tarde–, el entonces presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, llegó a afirmar que la mafia se había instalado en los tres Poderes del Estado. No resultó asombroso, pues, que en 2021 la exdiputada colorada Cynthia Tarragó haya sido condenada en los Estados Unidos por haber lavado dinero proveniente de la citada actividad delictiva, que el diputado Ulises Quintana esté procesado desde 2021 por asociación criminal y lavado de dinero del narcotráfico, ni que el hasta ayer diputado Ozorio esté con orden de detención porque habría traficado con drogas y lavado dinero, en presunta complicidad con la organización criminal Comando Vermelho.
Pero los escándalos que sacuden a nuestras instituciones suben de tono cuando, por ejemplo, Ozorio ha venido presidiendo justamente la Comisión de Defensa, Seguridad e Inteligencia del cuerpo legislativo que integraba, lo que equivaldría, salvando distancias, a que un órgano similar de la Cámara de Representes norteamericana haya estado dirigida por un agente soviético. Resulta simplemente grotesco, no solo que, según un nuevo audio, habría manejado sus “negocios” por teléfono en plena sesión de la Cámara, sino también que haya dirigido la comisión encargada de emitir dictámenes sobre cuestiones relacionadas con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes o la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¡Poca cosa!
Esta increíble experiencia sugiere la necesidad de poner bajo la lupa a cada una de estas entidades, pues también ellas podrían haber sido infiltradas. Si el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo, tras el reciente atentado cometido en el festival de San Bernardino, que todas las instituciones han sido permeadas por el crimen organizado, bien puede suponerse que lo mismo ha ocurrido con las que deben combatirlo. Así las cosas, será muy difícil controlar a los controladores, pero hay que hacer el mayor esfuerzo, recurriendo también a la cooperación internacional: urge liberar al país de las garras de la mafia, incluso para impedir que se convierta en su epicentro regional.
El crimen organizado no está constituido solo por vulgares hampones, sino también por personas que gozan de prestigio social, ya que, aparte de hacer de legisladores, pueden presidir una cooperativa o un club de fútbol, entidades estas muy apropiadas para el lavado de dinero. ¿Es una mera casualidad que Ozorio haya estado al frente de una importante cooperativa a ser fiscalizada ahora por el instituto estatal competente?
En cuanto a la permeabilidad del fútbol para ciertas operaciones ilícitas, como ha ocurrido a nivel mundial, puede recordarse que en septiembre de 2021, el futbolista uruguayo Sebastián Marcet, quien militó en el Deportivo Capiatá, y cuyo nombre apareció también en la megainvestigación actual “A Ultranza Py”, fue detenido en Dubái por tener consigo un pasaporte paraguayo falsificado, lo que vuelve a poner en el tapete el historial del Departamento de Identificaciones de la PN, como eficaz auxiliar de delincuentes foráneos: si de sanear el Estado se trata, podría empezarse por la institución que debe preservar el orden público, pues allí la mafia se halla tan bien instalada como en otros sitios del aparato estatal, podrido hasta la médula.
Es tan grande el escándalo que sacude a nuestro país que es necesario que la Fiscalía y la Justicia procedan contra los involucrados con todas las de la ley, siendo de esperar que las actuaciones se realicen con mucha mayor celeridad que en el caso de Ulises Quintana, en el que aún ni siquiera se ha realizado la audiencia preliminar. Por lo demás, los legisladores harían bien en no escudarse en sus fueros cuando son sorprendidos en una ilicitud, cualquiera sea ella y, sobre todo, cuando se trata de hechos punibles propios del crimen organizado. No es cuestión de lanzar encendidos y falsos discursos de indignación contra esta lacra, para después abroquelarse en defensa de colegas indiciados y rechazar hasta la posibilidad de que sean desaforados para ser procesados. Es momento de definiciones, y los hipócritas van a ir siendo desenmascarados cada vez con mayor fuerza, pues son cómplices de la “narcopolítica”.