La calamitosa situación del IPS requiere una cirugía mayor

Según Luis Ávila, de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), el Instituto de Previsión Social (IPS) adeuda nada menos que unos 242 millones de dólares (1,5 billones de guaraníes) por la compra de medicamentos e insumos. Entre estos últimos se cuentan los reactivos químicos, indispensables para cualquier análisis laboratorial: los proveedores ya habrían advertido que suspenderán las entregas si la deuda no es saldada aunque sea en parte. Se entiende así la permanente queja de los asegurados y de sus familiares por la falta de medicamentos e insumos.

Según Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), el Instituto de Previsión Social (IPS) adeuda nada menos que unos 242 millones de dólares (1,5 billones de guaraníes) por la compra de medicamentos e insumos. Entre estos últimos se cuentan los reactivos químicos, indispensables para cualquier análisis laboratorial: los proveedores ya habrían advertido que suspenderán las entregas si la deuda no es saldada aunque sea en parte, lo que no ocurriría con los fármacos, pues la multa por la provisión tardía es “importante”. Se entiende así la permanente queja de los asegurados y de sus familiares por la falta de medicamentos e insumos. A esto deben sumarse las dificultades para conseguir turnos con médicos o para realizar análisis, para lo cual los interesados deben madrugar, pese a lo cual a veces regresan a sus casas con las manos vacías.

Interrogado en la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo de Administración del IPS, Vicente Bataglia, negó que la escasez de medicamentos sea atribuible a la falta de diligencia o previsión, sino a “ciertos factores externos que escapan al ámbito de control o dominio” del instituto. Desde luego, no explicó en qué consistirían esos factores inmanejables, pero poco antes había hablado de los “ítems declarados desiertos en las licitaciones” y del incumplimiento en la entrega por parte de algunos proveedores.

En todo caso, el hecho de que se den estas causales con respecto a numerosos productos descalifica la planificación conjunta de las gerencias de Salud y de Abastecimiento y Logística, “conforme a la demanda y para un consumo de doce a dieciocho meses”, según el propio interpelado. En cuanto al presunto incumplimiento por parte de los contratistas, desmentido por el dirigente de la Cifarma, a la opinión pública le gustaría conocer el monto de las “importantes” multas aplicadas y las eventuales demandas judiciales en curso promovidas tanto por el IPS como por sus acreedores. Los asegurados, en especial, tienen derecho a ser informados sobre las causas de la catastrófica situación financiera del instituto, no solo atribuible a la falta de aportes estatales.

Pese al desastroso manejo del IPS, que desemboca en el calvario de los asegurados y los jubilados y sus familias, en que salieron a la luz hasta vergonzosas malas praxis, la Cámara Baja no ha resuelto aún recomendar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que remueva de su cargo al titular del Consejo de Administración del IPS. Los miembros de esta entidad, por su parte, vienen siendo, desde siempre, cómplices o encubridores de las graves irregularidades cometidas en perjuicio de la salud y de la jubilación de los asegurados, pues no se conoce que hayan denunciado con firmeza las irregularidades en perjuicio de sus representados. Los actuales se llaman Ricardo Oviedo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), Ludia Silvera (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Miguel Ángel Doldán (empleadores), Gustavo Arias (trabajadores) y Roberto Brítez (jubilados y pensionados).

Los tres consejeros del “sector privado” cobran un salario neto de 30.650.000 guaraníes mensuales para defender los intereses de los asegurados en general y de sus respectivos representados en particular. Como sus antecesores, empero, cohonestan los desafueros de los que ellos y sus parientes próximos son víctimas a diario, por el imperio de la corrupción, la desidia y la ineptitud, ante el silencio de las organizaciones que los propusieron en tal carácter al Poder Ejecutivo. También se callan los miembros de cada una de esas organizaciones, que cotizan cada mes para que sus aportes sean desviados o malgastados, al no instar a sus dirigentes a exigir a los consejeros una periódica rendición de cuentas de sus actuaciones. Excepcionalmente, en julio de este año, la Central Unitaria de Trabajadores pidió al presidente de la República la “inmediata destitución” del doctor Bataglia, debido a una presunta amputación por error a un asegurado. Tendría muchos otros motivos, tanto o más graves, para solicitar dicha medida, así como para exigir la renuncia “inmediata” de al menos el consejero “trabajador”. A tanto ha llegado el desamparo de las víctimas que, con buen criterio, se ha creído necesario crear una Asociación de Asegurados del IPS, teóricamente representados en el Consejo de Administración.

El IPS ya no da para más. En suma, su presidente no es el único culpable de la calamitosa situación: tienen que irse todos para que el IPS sea sometido a una “cirugía mayor”.

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