En un país tan plagado de escándalos en la función pública, resulta difícil elegir los más relevantes del año anterior. Empero, no es arriesgado afirmar que dos de ellos ocurrieron en la residencia presidencial; allí, una ama de llaves fue despedida tras revelar el hallazgo de un par de sobres con cientos de miles de dólares, que habrían olvidado unos visitantes aún anónimos; por su parte, el “dueño de casa”, quien niega la existencia de los sobres, se reunió una noche –aparentemente también junto con el presidente de la ANR, Horacio Cartes– con seis de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia, para tratar asuntos aún ignorados por la carencia de un informe oficial, aunque las circunstancias permitan afirmar que los interlocutores atentaron contra la transparencia y la institucionalidad.
Inexplicablemente, los altos magistrados no resolvieron aún la acción de inconstitucionalidad promovida en febrero de 2024 por la exsenadora Kattya González, privada arbitrariamente de su investidura por el cartismo. Es inconcebible que, en casi dos años, los mismos no hayan podido tener, a favor o en contra, una opinión, por lo que solo cabe suponer que han sucumbido ante una poderosa presión política. Por otra parte, la notable morosidad condice con que la Coordinadora “Somos Anticorrupción Paraguay” haya hecho ante la máxima autoridad judicial, más de 1.400 urgimientos para “destrabar expedientes de hechos de corrupción pública”. Las víctimas de la “mafia de los pagarés” la culparon de ser “la principal responsable” de una trama originada en el Poder Judicial, que indujo al Ministerio Público a acusar a veintidós de sus miembros, con escaso resultado hasta el momento.
También el Congreso, donde el nepotismo y el clientelismo persisten, tuvo un mal año 2025, en coincidencia con su deplorable historial: el diputado Orlando Arévalo (ANR, entonces cartista) renunció a su banca antes de posiblemente perderla por haber protegido a ciertos fiscales y jueces desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aparentemente siguiendo instrucciones de su extinto colega Eulalio “Lalo” Gomes. La senadora cartista Norma Aquino perdió su investidura por haber hablado de una repartija entre ciertos senadores de un donativo taiwanés al Congreso, y la diputada Johana Vega (ANR, cartista) tendría un nivel de vida incompatible con sus bienes y rentas declarados.
En suma, el desempeño de los tres poderes del Estado sigue adoleciendo de muy graves deficiencias. Más allá de ello, la ciudadanía continúa agobiada por la inseguridad en auge, ligada en gran medida al tráfico y al consumo de drogas ilícitas: son cada vez más frecuentes los asaltos violentos y los asesinatos por encargo, como el que quitó la vida al Tte. Cnel. Guillermo Moral. El crimen organizado sigue inserto en el aparato estatal, según se desprende de lo denunciado también por el jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, al referirse a omisiones de agentes policiales.
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El paupérrimo estado del sistema sanitario irrita a los muchos que no pueden ser atendidos por falta de equipos, de medicamentos y de personal de blanco, mientras se inauguran hospitales inconclusos para la mera propaganda.
El Instituto de Previsión Social sigue con similares carencias. Para peor, los jubilados pueden temer por la seguridad de los fondos: la entidad tiene depositados unos 340 millones de dólares en el novel Ueno Bank, o sea, mucho más de lo fijado como límite por la Ley de Superintendencia de Pensiones. Coincidentemente, Santiago Peña fue socio comercial del Grupo Vázquez, dueño del citado banco.
En otro orden, persiste el crónico déficit de la Caja Fiscal, siendo de esperar que el proyecto de ley presentado últimamente por el Poder Ejecutivo sirva en verdad para reformarla integralmente.
La educación pública no mejora, como muestran los resultados de los exámenes de evaluación de los docentes: aunque cueste creerlo, muchos de ellos son analfabetos funcionales, al igual que alrededor del 80% de los alumnos. Llevará un largo tiempo corregir las cosas, pero por eso mismo hay que empezar desde ya a formar educadores idóneos. Fue repudiable, por lo demás, haber soslayado a la industria paraguaya al comprar con dinero de Itaipú Binacional pupitres chinos proveídos por el dueño de un avión en el que también viajaron el Presidente y al vicepresidente de la República.
El desastroso transporte público de pasajeros en el área metropolitana de Asunción ha empeorado incluso, pues disminuyó el número de buses y aumentó el subsidio. Hace un par de semanas, el Congreso sancionó la ley para su reforma, siendo de esperar que sea promulgada y bien aplicada, con las medidas que realmente se necesitan.
Otro tema urticante es el de las empresas estatales. Por ejemplo, de la mano de Eddie Jara, Petróleos Paraguayos sigue dañando al país, llegando al colmo de prorrogar nueve veces, hasta ahora, la vigencia del contrato con una oscura firma catarí. Tanto o más llamativo fue que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) haya castigado a su deudora, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), impidiendo que provea de agua a miles de usuarios de la Gran Asunción.
El Alto Paraguay continúa siendo marginado, pese a promesas de solución de sus problemas. El costoso acueducto chaqueño se mantiene inservible, la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones tiene una pésima gestión de pagos, según el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
En el aspecto positivo, reconfortan el segundo grado de inversión que una calificadora internacional otorgó a nuestro país, el crecimiento del 6% del producto interno bruto y una inflación de solo el 3,1%, aunque la del precio de los alimentos sea de casi el 10%, afectando sobre todo a los hogares de bajos ingresos. De lo que se trata ahora es de que los buenos datos macroeconómicos beneficien a la población en general, esto es, ir reduciendo la desigualdad en el poder adquisitivo, sin echar por la borda unas políticas que atraigan inversiones que conduzcan a reducir la informalidad laboral, para lo cual es preciso reforzar la seguridad jurídica. En consecuencia, hay mucha tarea por hacer. No es cuestión de sentarse sobre los laureles, sino que, en el año que se inicia, trabajar para eliminar las lacras, algunas de las cuales mencionamos someramente. De lo contrario, solo los gobernantes y los amigos del poder “estarán mejor”, mientras gran parte de la población seguirá marginada de la fiesta.