El presidente Santiago Peña señaló que la negociación con Brasil sobre Itaipú “está abierta”, después de darse por satisfecho con las secretas explicaciones brindadas por el incidente del espionaje. El hecho es que, mientras por una excusa u otra se le sigue dando largas al asunto, ya han pasado dos años y cinco meses desde que se cumplió el plazo de revisión de los términos del Tratado y nada absolutamente ha cambiado. Hasta el día de hoy nuestro país sigue cediendo el 100% de sus excedentes sin recibir un precio mínimamente justo por su parte de la energía. De manera arrogante y alejada de la realidad, el Gobierno se jacta quién sabe de qué, pero la única verdad es que ha sido completamente funcional a los intereses del Brasil en detrimento del Paraguay.
Itaipú Binacional es un emprendimiento para explotar un recurso natural que pertenece en un 50% al Paraguay, que es el potencial energético creado por la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú. Con el argumento de que nuestro país no tenía la capacidad financiera para hacerse cargo de su parte de los costos de construcción de la central, Brasil se ha quedado con el 90% del aprovechamiento, solo pagando una ínfima “compensación” por la porción sobrante paraguaya, situación que continúa invariable hasta el presente.
Ese argumento es falaz porque Itaipú no solamente se autofinanció de principio a fin, sino que benefició enormemente al Brasil con el pago de exorbitantes intereses de una deuda groseramente inflada y en gran medida espuria. Pero, en cualquier caso, la misma dejó de existir el 28 de febrero de 2023, cuando se pagó la última cuota. Ese día la deuda fue cancelada, la central hidroeléctrica quedó finalmente amortizada y se acabaron los pretextos.
Coincidentemente, el 13 de agosto de ese mismo año se cumplió el plazo establecido en la cláusula sexta del Anexo C, que regula las “bases financieras y de prestación de servicios de Itaipú”, la cual expresamente estipula que sus disposiciones “serán revisadas” a los cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado. Le tocaba a Santiago Peña, quien asumió el gobierno dos días después, la histórica tarea de enarbolar las legítimas reivindicaciones paraguayas. En todo este tiempo, nada ha hecho al respecto.
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A nivel técnico y jurídico existe una discusión acerca de si es realmente necesario revisar el Anexo C para la plena restitución de los derechos del Paraguay. Unos sostienen que el anexo obliga al país a ceder al Brasil toda la energía que no consuma. Esta es la interpretación que se la ha dado oficialmente y lo que se ha impuesto en la práctica. De acuerdo con esta visión, sea por letra, por espíritu o por imperio de la realidad, para que Paraguay obtenga la libre disponibilidad de su parte de la energía, y usarla o comercializarla como mejor le convenga, es ineludible un acuerdo previo con Brasil y la modificación de los términos del Tratado.
Otros manifiestan que no hay ninguna provisión explícita o implícita, ni en el Anexo C ni en todo el Tratado de Itaipú, como tampoco en el Derecho Internacional, que impida legalmente al Paraguay disponer de inmediato de sus recursos. Según este punto de vista, Paraguay podría, por ejemplo, sin pedirle permiso a nadie, abrir subastas de bloques de su parte de la energía de Itaipú en su territorio, bajo sus reglas, y vendérselos a los mejores postores, sean brasileños o no.
Como ejercicio, el ingeniero Javier Villate, defensor de esta teoría, les hizo una serie de iguales consultas a varias plataformas de inteligencia artificial (Gemini, Grok, DeepSeek, ChatGPT, Copilot, Claude, Perplexity y Cicerai) para que analizaran las respuestas conforme a toda la legislación vigente. Las conclusiones fueron unánimes: 1) Paraguay no está obligado a ceder su energía al precio de compensación del Anexo C; 2) Paraguay sí puede vender mediante subastas internas, respetando el derecho de adquisición (dar la posibilidad al Brasil de igualar la mejor oferta); 3) El comercializador ganador sí puede vender a terceros países una vez agotado el derecho brasileño.
El Gobierno de Santiago Peña no ha hecho ni una cosa ni la otra. Ni ha avanzado en la renegociación del Anexo C pese al vencimiento del plazo, y hasta insólita y sospechosamente suspendió unilateralmente las negociaciones por una cuestión secundaria, ni ha atinado a ejercer la soberanía del Paraguay sobre sus recursos, le pese a quien le pese. Cada día que pasa es pérdida para los paraguayos y ya vamos por los dos años y medio.