El próximo miércoles, los docentes agremiados volverán a movilizarse a nivel nacional contra la reforma de la arruinada Caja Fiscal, pues temen que ese día el Senado apruebe en una sesión extraordinaria lo resuelto por la Cámara Baja con relación, entre otras cosas, a las edades mínimas para jubilarse. Más aún, el presidente de la Federación Nacional de Educadores, Silvio Piris, anunció que “lo más probable es que desde el Lunes de Pascua” (6 de abril) se declaren en “movilización permanente, en huelga: van a parar todas las actividades”. Por su parte, Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica, amenazó con el cierre de rutas, lo que implicaría violar el derecho constitucional a “transitar libremente” por el país e incluso el delito de “intervención peligrosa en el tránsito terrestre”, en la medida en que se produciría “un obstáculo”, definido por la Real Academia Española como una “cosa o persona que impiden o dificultan algo”.
Se pretende forzar al Congreso y eventualmente al Poder Ejecutivo a someterse a las exigencias de unos educadores por lo general ineptos, según revelan los periódicos exámenes ministeriales sobre su idoneidad profesional y los informes sobre la comprensión lectora de sus alumnos, entre otras cosas, emitidos por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA). Les encanta protestar cuando hay dinero público en juego, en materia de salarios y jubilaciones, pero no tanto capacitarse en su propio interés y en el de los educandos. Les tiene sin cuidado que incluso muchos de ellos sean analfabetos funcionales y que, por ende, la calidad de la enseñanza sea paupérrima. En tiempos electorales, muchos de ellos no tienen reparos en ponerse al servicio del partido oficialista, porque conservar o mejorar el “rubro” les importa bastante más que el decoro. En general, los educadores no se indignan lo suficiente ante el desastroso estado de sus lugares de trabajo, aunque corran peligro la vida o la integridad física de ellos mismos y de los educandos. Para ellos, lo prioritario sería siempre “el bolsillo” de hoy y de mañana. El futuro del país depende, en gran medida, de que las nuevas generaciones reciban una formación que responda a las demandas de la “sociedad del conocimiento”; no la están recibiendo porque, más allá de la ineficiencia y de la corrupción gubernativas, los docentes no tratan de ponerse a la altura de su relevante misión.
El amor propio debería inducirles a capacitarse para enseñar mejor, sobre todo en las escuelas y en los colegios públicos para que el Estado garantice, efectivamente, “el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades de acceso a los beneficios de la cultura humanística, de la ciencia y de la tecnología, sin discriminación alguna”. Así lo dice la Constitución Nacional, que también garantiza “la libertad de enseñar, sin más requisitos que la idoneidad y la integridad ética”. Estas dos condiciones, que no siempre son satisfechas ni mucho menos resultan indispensables para que los alumnos tengan la anhelada igualdad de oportunidades.
Si la jubilación pertenece al futuro, el presente tiene exigencias ineludibles que los educadores deben atender, para lo cual es preciso que el Ministerio competente se ocupe no solo de evaluarlos, sino también de ocuparse de mejorar en gran medida su formación profesional. Así como están las cosas, el presente está cubierto de negros nubarrones que se ciernen sobre los educandos, con frecuencia tomados de rehenes por cuestiones ajenas a sus intereses. Las lecciones de hecho que están impartiendo los docentes son absolutamente repudiables. Los legisladores y Santiago Peña serán mucho menos afectados por las actuaciones de sus intransigentes sindicalistas que la ciudadanía y en especial los educandos. Estos deberían quedar al margen de cualquier reclamo de los docentes y, peor aún, no ser manipulados haciéndoles escuchar una sola campana.