El Congreso Nacional se encuentra ante un espejo que refleja su más profunda incoherencia moral e institucional. El senador Erico Galeano (ANR-HC), condenado recientemente a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la Operación A Ultranza Py, por sus vínculos probados con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel “Tío Rico” Insfrán, sigue siendo dueño de su banca. En efecto, se dio el lujo de pedir permiso en vista de que no se ha concretado su expulsión inmediata por tan grave caso, contrariamente a lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la exsenadora Kattya González por parte de una mayoría cartista y sus satélites, por una causa infinitamente menos grave que, inclusive, fue luego desestimada, pero la Corte Suprema de Justicia, al parecer, no se anima a fallar en su caso para poner las cosas en su lugar. Se observa así un doble estándar escandaloso y políticamente orquestado.
En efecto, Kattya González fue expulsada en febrero de 2024 con 23 votos, violándose el propio reglamento interno de la Cámara, con el argumento de supuestas irregularidades administrativas como uso indebido de influencias en contrataciones y avales irregulares. Sin embargo, la Fiscalía y la Contraloría General de la República desestimaron el caso por falta de pruebas suficientes. Pero el Congreso aplicó con celeridad quirúrgica el artículo constitucional para removerla, en un proceso ampliamente denunciado como motivado por razones políticas, ya que González representaba una voz crítica y opositora al Gobierno.
La disparidad de actuación de los legisladores oficialistas, considerando los dos casos, se agrava con las declaraciones del senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), quien en mayo de 2024, cuando Erico Galeano aún estaba en juicio, defendió “a ultranza” la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a las decisiones del Poder Judicial, según dijo, invocando la institucionalidad como escudo. Sin embargo, al ser consultado sobre una eventual decisión del Poder Judicial en caso de que resuelva declarar que la expulsión de Kattya González fue inconstitucional, respondió que no acataría tal decisión puesto que significaría la intromisión de un poder del Estado sobre otro.
Es decir, según el titular del Congreso, el estado de inocencia de Erico Galeano debía ser respetado mientras no existiera condena; sin embargo, votó por expulsar a Kattya González sin proceso judicial. Tiempo después, la justicia dictaminó que la hoy exsenadora no había incurrido en las causales que motivaron su destitución, mientras condenó a Erico Galeano por sus vínculos con el narcotráfico. Pero Kattya González está afuera y Galeano sigue siendo dueño de su banca. Mayor incoherencia, ¡imposible!
Hoy, con una condena firme en primera instancia por delitos graves que involucran crimen organizado transnacional, lavado de activos del narcotráfico y uso de más de 10.000 millones de guaraníes de fondos ilícitos (incluso aparentemente invertidos en el Club Deportivo Capiatá), el mismo sector político dilata cualquier acción concreta. La bancada de Honor Colorado anuncia que “analizará” el caso la próxima semana, pero no hay moción inmediata de pérdida de investidura. Como siempre, en “la casa de las leyes”, las leyes se interpretan a conveniencia.
Esta selectividad no es aislada. El Congreso paraguayo ha albergado históricamente a legisladores con procesos judiciales por corrupción, desvío de fondos, cohecho y otros delitos, pero la permanencia de un condenado por nexos directos con el narcotráfico cruza una línea roja.
Si el Congreso actuó con rapidez y sin pruebas contundentes para silenciar a una opositora acusada de faltas mucho más leves, mientras ahora se paraliza de actuar ante una condena judicial firme por delitos que amenazan la seguridad nacional y la soberanía del Estado, entonces la conclusión es inevitable: existe un interés político deliberado en proteger a quienes inclusive han sido vinculados al crimen organizado cuando pertenecen al bloque dominante.
Paraguay merece un Congreso limpio, coherente y valiente. No uno que se arrodille ante la conveniencia política mientras el narcotráfico se ríe desde las sombras del hemiciclo. Caso contrario, solo podemos concluir que estamos ante una mayoría cómplice, y eso convierte a sus integrantes en traidores a la patria.