Tras unas negociaciones, ayer se cerró un capítulo más de los tantos dramas escenificados desde hace años por el Viceministerio de Transporte y los prestadores del servicio del transporte público metropolitano de pasajeros, en evidente perjuicio de los usuarios y de la economía. El presidente de la República, Santiago Peña, dijo que la solución acordada para levantar el paro es insuficiente, que el problema es “estructural” y que se está trabajando en ello. Para acabar con las soluciones “parche”, dijo que su Gobierno está impulsando una ley de reforma del sector. El citado Viceministerio también considera de “reforma” la N° 7617, promulgada el último 7 de enero, con base en un proyecto del Poder Ejecutivo, que el Congreso aprobó a tambor batiente. Ella establece que el referido servicio público es “imprescindible”, de modo que “se garantiza su prestación continua y regular”; sus interrupciones totales o parciales constituyen “infracciones graves”, sancionadas con multas y con la “terminación anticipada del contrato por la autoridad”. La ministra Claudia Centurión anunció que se aplicarán las sanciones de rigor, lo que suelen ocurrir en muy raras ocasiones.
Como en este país no es obvio que una ley debe cumplirse y hacerse cumplir, la normativa referida por el primer mandatario no supondrá necesariamente una reforma “estructural”, más allá de sus regulaciones formales. El fuerte grupo de presión encabezado por el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), bien ligado al poder político, puede convertir en letra muerta toda iniciativa opuesta a sus intereses espurios. Su desconsiderado presidente, César Ruiz Díaz, que se había negado a aceptar los 3,1 millones de dólares ofrecidos por el Gobierno para compensar la tarifa técnica del pasaje de enero a octubre de 2025, terminó cediendo sorpresivamente, luego de promover el paro ilegal.
Por su parte, según Rolando Zuccolillo, presidente de la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram), que no se sumó a la interrupción del servicio, los miembros del Cetrapam se retiraron de la reunión del sábado en el Viceministerio al enterarse de que serían multados por no haber operado ese día. En su opinión, la mayoría de las firmas que integran dicho centro no está en condiciones de seguir trabajando, porque no tienen flota ni sistemas de gestión. Sostuvo que “deberían colgar sus botines e irse a sus casas”. Es más, agregó que “hace treinta años que le tienen así la población”. Por lo demás, el representante de la Fetram propone abrir el transporte público a la inversión extranjera, sobre lo que sostuvo que existen empresas interesadas en invertir en la materia en nuestro país.
Es necesario precautelar los derechos de los usuarios y a la vez anular el impacto de las extorsiones, abriendo el mercado a prestadores más eficientes y respetuosos de las reglas del juego. La cuestión es ejecutar una reforma “estructural” que de una vez por todas ponga fin a las humillantes penurias de los usuarios y libere al Viceministerio competente de los habituales chantajes. Para ello hace falta la consabida “voluntad política” de aplicar también la Ley N° 6789/21, que califica de “coacción y perturbación de servicios públicos” el hecho de que sus directivos, accionistas o representantes amenacen o extorsionen a órganos estatales relacionados con sus prestaciones.
El jefe de Estado ha prometido que actuará “con firmeza” para defender a la gente, para lo cual bastaría, cabe agregar, que las normativas actuales tengan vigencia efectiva: de esto se trata, simplemente. En lo que va de su mandato, no ha exhibido mucha entereza a la hora de enfrentar las provocaciones de un gremio acostumbrado a salirse con la suya, a expensas de los usuarios, a los que maltrata sin piedad. Habrá que ver si en el futuro Santiago Peña tendrá el valor suficiente para resistir los periódicos embates de unos “empresarios” que se creen impunes, debido a motivos quizá inconfesables. El año pasado dijo que el proceso de reforma “llevará su tiempo”, siendo de esperar que no se prolongue en exceso para evitar que la paciencia de los usuarios llegue a agotarse.
Es hora de que esta deplorable historia tenga un final feliz, con la prestación ininterrumpida del imprescindible servicio público, mediante buses que se hallen en buen estado y que cumplan con los horarios correspondientes. Fiel a su estilo, el Presidente no deja de lado sus palabras edulcoradas, y acaba de afirmar que “la ciudadanía está primero, siempre”. Ese tipo de afirmaciones ya se ha escuchado suficientemente. Lo que se espera de él es que cumpla con sus palabras y pase a la acción.