El último día de marzo, en vísperas de los feriados de Semana Santa, el Gobierno comunicó la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y el nombramiento provisional del asesor económico de la Presidencia, Juan José Galeano, para ejercer el cargo de manera interina. La gestión de Fernández en dos años y medio no fue convincente, pero su salida se da en el marco de ataques desde el ala política del oficialismo por sus últimas iniciativas en pos de un ajuste de cinturones y tras su exhortación a una necesaria “economía de guerra” en el sector público.
Los cartistas eligieron a Fernández Valdovinos como blanco preferido, pero, por elevación, sin atreverse a apuntarle directa y públicamente, el “fuego amigo” ha estado dirigido al Presidente de la República, quien no solamente es el principal, sino el único responsable de la administración pública, en su carácter de ciudadano en ejercicio del Poder Ejecutivo, función declarada unipersonal por la Constitución Nacional.
Como secretario de Estado, el ministro es un asesor y un ejecutor del Presidente, pero las responsabilidades no se pueden delegar. En consecuencia, solo Santiago Peña puede responder por todo lo que se hace y se deja de hacer en su Gobierno.
En tal sentido, los resultados en el campo de las finanzas públicas y de la administración del Estado son decepcionantes, pero no por las razones esgrimidas por los políticos, y no por el desempeño de un ministro en particular, sino por la falta de visión y de liderazgo de quien está al frente del mandato gubernamental.
A Santiago Peña le tocaron condiciones óptimas para gobernar, en pleno proceso de reactivación económica luego de la pandemia, con tres campañas sucesivas de buenas cosechas, lo que apuntaló un ciclo de crecimiento económico sostenido, con muchos sectores del ámbito privado que han mostrado gran dinamismo.
Como consecuencia de ello, los impuestos pagados por los contribuyentes crecieron un récord del 20% en 2024 y un 9% en 2025, lo que proporcionó al Gobierno vastos recursos adicionales. A ello se sumaron los “fondos socioambientales” de Itaipú por margen en la tarifa, que en su momento fueron presentados como un logro extraordinario.
Además, a Santiago Peña se le concedió una prórroga de tres años para cumplir el plan de convergencia del déficit fiscal, más un endeudamiento adicional de 600 millones de dólares para saldar las deudas vencidas dejadas por la administración anterior con proveedores y contratistas.
Es decir, tuvo todo a su disposición para aprovechar el ciclo favorable y estabilizar con tranquilidad las finanzas y las cuentas nacionales, lo que le valió el voto de confianza de dos de la tres grandes calificadoras de riesgo, que les otorgaron a los bonos soberanos paraguayos el grado de inversión en el entendimiento de que el país no tendría problemas para honrar sus obligaciones.
Sin embargo, se dejó estar, permitió que la clase política desvirtuara sus proyectos de reforma para terminar en cambios “light” que no cambian nada, no controló ni racionalizó el gasto público, todo lo contrario, al punto de que el endeudamiento pasó del 36 al 43% del PIB, sin contar las deudas vencidas e impagas con proveedores y contratistas, las mismas que tanto le criticaron a Mario Abdo Benítez, que ya no son de 600 millones, sino de 1.000 millones de dólares.
A l cabo de dos años y medio, cuando las tendencias comenzaron a revertirse, se encontraron con que ya no podían cumplir con las metas macroeconómicas y con los compromisos asumidos con la ciudadanía, los inversores nacionales y extranjeros, las calificadoras y los organismos multilaterales. Fue en ese contexto que se presentó un tardío proyecto de reforma de la Caja Fiscal que no pasó de insuficientes retoques, condenado de antemano por el escenario político, se declaró una “economía de guerra” con los gastos estatales, y se insinuó la aplicación de un nuevo impuesto disfrazado sobre las reservas de las empresas, para apretar aún más las clavijas a los contribuyentes.
Los políticos no quieren perder privilegios, y los políticos oficialistas, en particular, no quieren medidas impopulares en tiempos electorales. Pagó el pato Fernández Valdovinos, pero el cambio de un ministro no va a resolver milagrosamente los serios inconvenientes que enfrenta el sector público. La economía de guerra sigue siendo igual de necesaria. Resta saber si se continuará por ese camino o si, definitivamente, le torcieron la muñeca a Santiago Peña.