El Presidente de la República advirtió con énfasis a los ministros que, en la segunda mitad de su mandato, las evaluaciones de sus respectivos desempeños serán continuas y “cada vez más rigurosas”, debido a la “directa” presión ciudadana. Según les dijo, la llamada de atención no debe asustarles, pero tampoco hacer que se sientan cómodos, es decir, que sigan siendo inoperantes.
Dirigiéndose a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, cuya gestión de pagos había sido criticada por el exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, le señaló que la población quiere ver este año “cambios tangibles” en el transporte público de pasajeros, como buses nuevos y un mejor servicio. Ya no bastaría con que se haya promulgado una ley de reforma sobre dicho servicio. El jefe de Estado también pudo haberle recordado el abandono vial del Alto Paraguay e incluso de muchas comunidades rurales de la Región Oriental, así como el viejo problema del cobro de los peajes y el del mantenimiento de las rutas. Hizo bien en dirigirse al ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, para decirle que en 2026 se deben notar avances medibles en su área, dados los informes trienales del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), siempre muy negativos sobre la calidad de nuestra educación.
Es comprensible que Santiago Peña no esté satisfecho con la seguridad interna, pese al mayor número de efectivos policiales. En su opinión, se requiere una mayor presencia estatal y abordar con amplitud la plaga de las adicciones, a las que no ligó con la inserción del crimen organizado incluso en las entidades públicas. En cuanto a los pequeños agricultores, se limitó a afirmar que “necesitan más herramientas, más tecnología”, para reducir la dependencia del asistencialismo. Se podría agregar que también necesitan ser capacitados para usar las técnicas productivas modernas y que los caminos rurales sean transitables en todo tiempo.
Con toda razón, el primer mandatario cree que el sistema penitenciario heredado es una “tragedia” y una “universidad del crimen”. La tragedia continuaría, pese a lo cual no objetó explícitamente la gestión del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Al parecer, solo está satisfecho con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas. Es muy curioso que no se haya ocupado en absoluto del bien conocido drama sanitario y que, por ende, la ministra responsable, María Teresa Barán, no pueda sentirse aludida por las críticas presidenciales. Tampoco mencionó la Cancillería nacional, como si, entre otras cosas, los malentendidos con el Brasil fueran insignificantes.
Santiago Peña objetó la política comunicacional gubernativa. Recordó el calendario electoral y aludiendo sobre todo a Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, instó a los ministros a que informen a la ciudadanía de los resultados de su labor, pues no bastaría con transmitir estadísticas. Es cierto que la mayoría de los ministerios no acostumbra brindar prontas y amplias informaciones de interés público, pero el descontento ciudadano no es atribuible a esa sensible omisión, como podrían sugerir los dichos del presidente de la República. Entre muchas otras víctimas de la ineficacia del aparato estatal, los pacientes de los hospitales públicos tienen sobradas experiencias dolorosas en carne propia.
Ya no hace falta recordar las palabras de su discurso inaugural y compararlas con la realidad de hoy, pero sí quizá volver a traer a la memoria lo que dijo en junio de 2025, en otra reunión del Consejo de Ministros. Si estos creen que ya no pueden ejercer sus respectivos cargos como corresponde, deben “dar un paso al costado para ceder la posta”. Como hasta hoy nadie se ha dado por aludido, convendría que de una vez por todas el jefe del Poder Ejecutivo se desprenda de más de un miembro del Gabinete que no contribuye a que “estemos mejor”. Los ministros se aferran al puesto con uñas y dientes; habrá que ver si esta vez alguno tiene el decoro de “ceder la posta”.
Si nada de eso ocurre, habría que hacer entender a algunos que sus servicios no son imprescindibles, en absoluto. Los nombres y apellidos se desprenden de las propias palabras de Santiago Peña, por lo demás no carente de una autocrítica implícita. Al fin y al cabo, a él le corresponde la responsabilidad final por la pobre gestión gubernativa exhibida hasta hoy. Debe suponerse que “tiene la lapicera” y que, por ende, puede ejercer por propia iniciativa su atribución de reemplazar a los miembros del Gabinete que no cumplen con sus obligaciones frente a la ciudadanía, porque pecan de ineptos, negligentes o corruptos. Y tomar esa medida, por supuesto, sin necesidad de pedir permiso al presidente de la ANR.