Ayer, los ediles asuncenos oficialistas, que aprobaban los balances fraudulentos del desastroso exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, pese al colosal desvío de los fondos obtenidos para financiar obras de desagüe pluvial, volvieron a dejar sin quorum la sesión en la que debía tratarse el de 2025, relativo a las ejecuciones presupuestarias del susodicho y del actual intendente Luis Bello (ANR, cartista). Repitieron así el asqueroso boicot del último miércoles, con lo cual el balance –no firmado por el auditor– deberá considerarse aceptado de hecho este domingo, en virtud de una sanción “ficta”. Por cierto, fue presentado el 31 de marzo, esto es, el último día del plazo previsto por la Ley Orgánica Municipal.
En otras palabras, los concejales no se atrevieron a aprobar el balance con el voto, posiblemente porque contendría más barbaridades como las que señaló en su ocasión el interventor Carlos Pereira y también la Contraloría General de la República, sino que optaron por frustrar la reunión, quizá porque la ley citada dice que los concejales son personalmente responsables con sus bienes, según las leyes civiles y penales, por los daños causados a la Municipalidad en el ejercicio de sus funciones, por actos y operaciones que autoricen contra las normas legales. Puede pensarse que los secuaces de Nenecho quisieron lavarse las manos recurriendo a una canallada que no los exime de la responsabilidad civil y penal de haber consentido de hecho los perjuicios ocasionados a los asuncenos.
Todo indica, además, que se ha intentado “blanquear” –en vano– las gestiones del exintendente y del sucesor Luis Bello, como si los autores de eventuales delitos pudieran librarse de los rigores de la ley solo porque la Junta Municipal los aprobó tácitamente. Como señaló el concejal Álvaro Grau (PPQ), el balance encierra “el mayor desfalco y desvío de la era democrática”. “Quinientos mil millones de guaraníes siguen desaparecidos y no se puede blanquear esto”, sostuvo. Su colega Rossana Rolón (ANR, independiente) pidió, por su parte, “que la Fiscalía intervenga la Municipalidad”. En otras palabras, lo ocurrido no conlleva impunidad y urge que el Ministerio Público acelere sus pesquisas, porque hasta hoy sus acciones son excesivamente lentas y casi nunca concluyen, sobre todo si afectan a miembros del poder gobernante.
Es probable que las ausencias de los ediles también hayan respondido a que, salvo uno, todos aspiran a ser reelectos el 4 de octubre de este año y que, por ende, no quisieron dejar sus huellas en el acta de la sesión. Por eso mismo, vale la pena nombrarlos, en el literal sentido de la expresión, para que los votantes los tengan en cuenta: Mariano Cáceres, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Karina Acuña, Miguel Sosa, René Calonga, César Escobar, Arturo Almirón, Daniel Ortiz y Carlos González. Todos son colorados y, con excepción de los tres últimos, cartistas.
Quienes se confabularon con las “terribles prácticas ilegales” denunciadas por el interventor Carlos Pereira y ahora incurrieron en la vileza comentada, no deben tener la ocasión de seguir atentando contra el bien común. Llegado el momento de las urnas, los electores deben recordar que la mayoría de los ediles son corresponsables de las barbaridades administrativas de Nenecho: sería extremadamente ingenuo volver a confiar en ellos para que sigan en las mismas, a costa de todos.
El bochornoso “legislativo” municipal debe ser renovado a fondo para que Asunción tenga unos servicios y una infraestructura acordes con su capitalidad. Sería lamentable que los electores vuelvan a dar un voto de confianza a unos descarados, a menos que sean masoquistas. La pésima calidad moral de los munícipes referidos debe ser sancionada también con el voto, porque los tremendos perjuicios causados a la Municipalidad quebrada, con el consentimiento de los ediles, deben acarrear una sanción, tanto penal como cívica.
Como es obvio, el saneamiento municipal no dependerá solo de quien asuma la Intendencia, sino también de los 24 ediles, que cuentan con unos 1.400 asalariados, distribuidos en 17 direcciones y 53 departamentos. Aparte de la corrupción pura y dura, el desaforado clientelismo atenta contra la calidad de vida de la población, como bien debería saberlo la vergonzosa Junta Municipal. Hay que prestar mucha atención a la hora de votar, para no seguir lamentando tener que habitar en una Asunción con tantas carencias a la vista. Está en manos de la ciudadanía decidir si el Gobierno comunal debe atender los legítimos requerimientos de los vecinos o la voracidad de sus propios miembros.