Paraguay vive una guerra sucia en las redes sociales. Mientras la gente enfrenta inflación, inseguridad, corrupción y servicios públicos que se caen a pedazos, una red organizada de páginas y cuentas falsas inunda Facebook, Instagram y otras plataformas con odio, mentiras y linchamientos digitales. Lo más grave: hay fuertes indicios y serias sospechas de que estas cuentas están siendo financiadas –directa o indirectamente– con plata de los contribuyentes, es decir, con recursos públicos del Gobierno nacional.
No es militancia espontánea. A juzgar por las publicaciones, es una operación sistemática, profesional y millonaria que busca acallar críticas, desprestigiar a la prensa independiente y blindar al oficialismo.
La reciente investigación publicada por ABC Color destapó una telaraña inquietante. Más de G. 2.909 millones (casi medio millón de dólares) fueron destinados a 7.965 anuncios en una red de páginas como “Despierta Paraguay” (DPY), “Sucia Política”, “Py Elige” y “En La Tecla”. Estas cuentas no solo promocionaban programas oficiales del Gobierno como Che Róga Porã o Hambre Cero. Al mismo tiempo, lanzaban campañas de descrédito masivo contra periodistas críticos, opositores, concejales disidentes y cualquier voz que se atreva a cuestionar al poder.
La agencia colombiana Digimarketing SAS –cuyo principal (y casi único) cliente en Paraguay sería el propio Estado– manejaba la pauta en Meta, Google y otras plataformas. El patrón es idéntico: propaganda oficial de un lado y veneno puro del otro. Todo con la misma billetera.
Cuando la prensa expuso los hechos, las cuentas empezaron a borrar anuncios “mágicamente”. Decenas de publicaciones desaparecieron del Centro de Transparencia de Google. Los trolls se ocultaron. Pero el daño ya está hecho.
Senadores y diputados de la oposición y la disidencia colorada presentaron pedidos de informes al MITIC y denuncias penales ante la Fiscalía por presunto uso indebido de fondos públicos. La respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido tibia, negadora y evasiva: “No tenemos vínculos”. Sin embargo, los indicios siguen acumulándose y todo apunta a que se trata de una estrategia coordinada desde el poder.
Aunque no existe una sentencia judicial que confirme con certeza absoluta la financiación directa del Gobierno, los indicios son abrumadores y las coincidencias demasiado sospechosas como para ignorarlas. ¿Por qué páginas que defienden a capa y espada al oficialismo reciben millones en publicidad estatal mientras atacan sistemáticamente a quienes denuncian corrupción? ¿Por qué la misma agencia que cobra del MITIC para “difundir logros” es la que opera las cuentas más agresivas? Estas preguntas siguen sin respuesta clara. Y mientras no se aclare, la sospecha se instala con fuerza: el Gobierno estaría usando –o permitiendo que se use– plata del pueblo para financiar una máquina de odio digital.
Esta presunta operación no es solo un escándalo de corrupción. Es un ataque directo a la democracia. En un país donde la mayoría de los paraguayos se informa principalmente por redes sociales, estas campañas no solo desinforman: polarizan, intimidan y silencian, imponiendo, como lo ha sostenido reiteradas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una especie de “censura indirecta”, acallando voces críticas o amedrentando a quienes molestan al poder.
Periodistas serios reciben amenazas y linchamientos masivos. Opositores son convertidos en “enemigos del pueblo”. La ciudadanía, bombardeada día tras día con mentiras repetidas hasta el hartazgo, termina dudando de todo y perdiendo confianza en las instituciones. El resultado es devastador: apatía democrática, erosión de la libertad de expresión y un poder que se siente cada vez más impune porque controla la narrativa digital.
Lo más indignante es que, si las sospechas se confirman, el pueblo estaría pagando con sus impuestos para que lo manipulen y dividan. Mientras hospitales sin medicamentos, escuelas sin infraestructura y barrios inundados claman por recursos reales, se estarían destinando millones a trolls y agencias extranjeras para defender una imagen.
Para los paraguayos de a pie, las consecuencias son concretas y dolorosas. Se instala el miedo: quien critica, es atacado. Se normaliza la mentira como herramienta política. Se debilita el periodismo independiente, pilar fundamental de cualquier democracia. Y lo peor: se consolida la idea de que el poder no rinde cuentas, porque puede comprar impunidad digital con plata de dudosa procedencia.
La investigación de ABC Color, los pedidos de informes en el Congreso y las denuncias judiciales son solo el primer paso. La sociedad civil, los medios independientes y los ciudadanos conscientes deben exigir con fuerza: auditoría total e independiente de toda la pauta digital del MITIC, transparencia absoluta sobre los contratos con agencias extranjeras y una ley que precautele el uso de fondos públicos en redes sociales. Porque si hoy se permite –o se sospecha que se permite– que el odio sea política de Estado, mañana será la norma. Y la democracia paraguaya sufrirá otro golpe demoledor como este.
El Gobierno tiene la obligación de aclarar estas graves sospechas. Si no lo hace, la conclusión será inevitable: prefirió la máquina del odio antes que la verdad. Pero la ciudadanía ya despertó. Y esta vez, ni algoritmos ni trolls pagados podrán apagar la exigencia de transparencia y dignidad. Así como el deseo de libertad no se apagó en el corazón de nuestros próceres que en un día como hoy de 1811 nos dieron una patria libre.