El último jueves, el ministro del Interior, Enrique Riera, sostuvo muy orondo que el Paraguay es uno de los países latinoamericanos más seguros y que “seguimos mejorando”. En efecto, según dijo, en el primer año del actual Gobierno, el índice de violencia se redujo en un 20%, al igual que en el segundo, en tanto que en lo que va de 2026 habría disminuido en un 8%, en todos los delitos. Estos auspiciosos datos, que recuerdan que, en marzo de 2023, el entonces candidato presidencial Santiago Peña había dicho que el Paraguay tiene el muy bajo índice de criminalidad de los países nórdicos, fueron brindados frente al Panteón de los Héroes, mientras al mismo tiempo en sus inmediaciones se hurtaban billeteras y teléfonos móviles de los allí reunidos para celebrar el Día de la Independencia, según varias denuncias.
En la misma semana, en horas de la tarde, un exsenador fue asaltado a mano armada a metros de su domicilio capitalino, al igual que un camión transportador de encomiendas sobre la autopista Ñu Guasu (Luque) y otro de aceite vegetal en Tebicuary (Guairá), así como un camión más en Ciudad del Este (Alto Paraná). A tal punto proliferan los atracos por doquier, que el propio Enrique Riera creyó oportuno, días antes de sus optimistas declaraciones, instar a las víctimas a no enfrentarse con los delincuentes y les aseguró que la Policía Nacional actuará para recuperar sus bienes: “No defiendan su moto ni su celular con su vida”, dijo, consciente de la peligrosidad de los delincuentes. Este sensato pedido no habría sido necesario si nuestro país fuera tan seguro, como sostuvo el ministro del Interior, fundándose en estadísticas desconocidas, sin entrar en detalles.
La experiencia cotidiana, a lo largo y ancho del país, permite cuestionar seriamente la veracidad de los datos oficiales, suponiendo que en verdad ellos existan. No sería nada raro que sean ajustados a la conveniencia gubernativa. Menos mal que esta vez, por lo menos, no nos dicen que la criminalidad es solo una cuestión de percepción de la gente. Por lo demás, se debe atender que no todos los delitos –ni mucho menos– son denunciados por las víctimas, por motivos diversos. Aparte del temor a la venganza, existe la fundada creencia de que no valdría la pena hacerlo porque los delincuentes podrían estar confabulados con efectivos policiales. Recuérdese que en junio de 2025, el entonces comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, quien también llegó a minimizar la inseguridad, informó que unos mil de ellos estaban bajo sumario administrativo por haberse detectado “elementos contaminados, ya sea por el crimen organizado o la delincuencia común”. Además, una denuncia policial podría derivar en otra judicial, con el consiguiente costoso gasto que ello conlleva.
Es presumible que los “elementos” no detectados sean aún más numerosos y que, por ende, no valdría la pena, sobre todo en los pequeños municipios, arriesgarse a denunciar a una pandilla ligada a “polibandis”. Como tampoco se confía en que el Ministerio Público actúe con el debido rigor, resulta que las estadísticas se limitan, en el mejor de los casos, a registrar solo los hechos punibles formalmente denunciados; obviamente, también pueden ser fraguadas para hacer creer a la población que “estamos mejor” en cuanto a la seguridad interna. En febrero de este año, el antes citado excomandante de la Policía Nacional aceptó que “hay hechos que no se denuncian” y agregó: “Las víctimas van a decir que no vale la pena, que la Policía ni el Ministerio Público van a proseguir la investigación del robo de mi espejo. Eso es totalmente admisible. Existe, pero no podemos cuantificar. Nos ceñimos estrictamente a la cantidad de denuncias e investigaciones. Asumimos que sí puede haber subregistros” (las negritas son nuestras).
Las palabras tranquilizadoras del Gobierno mal pueden llamar a engaño, no solo a quienes sufren los embates de la delincuencia, sino también a quienes hasta hoy han tenido la suerte de no sufrirlas en carne propia. Las noticias diarias desmienten que el Paraguay sea un país seguro.
El ministro del Interior, que parece vivir en el país de las maravillas, debería considerar lo antedicho para evitar incurrir en despropósitos como los antes referidos. Además, tendría que animarse a recorrer en horas de la noche –sin custodia policial– diversos barrios asuncenos, frecuentados por motoasaltantes y dominados por los “chespis”, que son denunciados con frecuencia. Antes de vanagloriarse de la seguridad reinante, debió tener en cuenta la mencionada elocuente confesión del excomandante de la Policía Nacional, hoy viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez. Tal vez así resulte más creíble para la población.