En un país donde el narcotráfico ha penetrado hasta las raíces mismas del poder político, las declaraciones del presidente Santiago Peña sobre la condena del exsenador colorado Erico Galeano no solo decepcionan: hieren de muerte la credibilidad institucional y la visión de un Paraguay que aspira a ser serio, moderno y libre de la podredumbre del crimen organizado. Galeano, figura emblemática del cartismo dentro del Partido Colorado, fue condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal en el marco de la Operación A Ultranza Py, uno de los mayores golpes asestados al narcotráfico en la historia reciente del país. La sentencia fue ratificada y, recientemente, un tribunal ordenó su prisión inmediata en el ex-Tacumbú. Los hechos están probados. La Justicia, esta vez, actuó. Pero cuando la prensa le consultó su opinión sobre estos hechos, el presidente Peña no condenó con firmeza la infiltración del narcotráfico en las filas de su propio partido. No habló de la vergüenza nacional que representa tener a un legislador condenado por lavar dinero del crimen organizado. No mencionó el daño irreparable que la narcopolítica causa a la imagen del Paraguay ante el mundo ni el riesgo que supone para la seguridad ciudadana y la institucionalidad. Todo lo contrario, el mandatario optó por el viejo y cómodo discurso del “revanchismo”: “La Justicia no mide con la misma vara”. Afirmó que, mientras un exsenador colorado cumple pena, “intendentes y autoridades de otro partido político” gozan de mayor contemplación. En otras palabras: la culpa no es del delito, sino de quienes lo persiguen. El foco no está en la narcopolítica, sino en la supuesta persecución política contra los suyos. Esa es, precisamente, la minimización más grave y peligrosa. Una condena penal no es un capricho opositor ni un acto de venganza. Es la constatación judicial de hechos probados: vínculos con una red internacional de narcotráfico, lavado de activos provenientes del crimen y una asociación criminal que mancha el nombre de una de las instituciones más importantes del Estado. Minimizar eso con el argumento de la “vara desigual” es, lisa y llanamente, relativizar la gravedad del delito. Es decirle al país que, para el oficialismo, la narcopolítica es tolerable siempre y cuando el condenado no sea de la misma camiseta. Y eso es grave. Gravísimo. Porque revela que, para el Presidente, la prioridad no es erradicar el cáncer que corroe las entrañas del Estado, sino defender a los suyos y victimizarse ante la opinión pública.
Paraguay no puede permitirse una dirigencia que, ante la evidencia irrefutable de la narcopolítica, responda con un “sí, pero la oposición también”. La narcopolítica no tiene color partidario en teoría, pero en la práctica ha encontrado en el Partido Colorado –y especialmente en su facción cartista– un caldo de cultivo fértil durante años.
Es útil recordar algunos casos que el presidente Peña parece haber olvidado en su afán por señalar la paja en el ojo ajeno. Durante décadas, el partido de Gobierno ha acumulado un historial de impunidad que clama al cielo: desde los escándalos de lavado en Itaipú y Yacyretá, pasando por los vínculos históricos de ciertos dirigentes con el contrabando y el narcotráfico en la triple frontera, hasta los más recientes episodios donde fiscales, jueces y legisladores colorados han sido señalados –y en muchos casos protegidos– por presuntos nexos con organizaciones criminales. No es revanchismo recordar que, mientras Galeano hoy duerme en una celda, otros exfuncionarios colorados de alto rango han caminado libres pese a montañas de evidencia. No es revanchismo mencionar los “malhabidos” de la dictadura que aún engordan las fortunas de familias políticas, ni los casos de corrupción en entes binacionales donde el partido ha ejercido control absoluto sin que la Justicia actuara con la misma “mano dura” que ahora se reclama.
El problema de fondo es mucho más profundo y Peña lo sabe. La narcopolítica no es un incidente aislado; es un sistema que ha permitido que el dinero sucio financie campañas, compre voluntades y corrompa instituciones. A Ultranza Py no fue un capricho de la DEA o de fiscales “revanchistas”: fue la prueba irrefutable de que el narcotráfico ya no opera solo desde las sombras, sino desde bancas legislativas, intendencias y, hasta puede presumirse, desde los pasillos del poder central. Condenar eso no es atacar al colorado; es defender al Paraguay. Ignorarlo o relativizarlo bajo el pretexto de la “justicia selectiva” es traicionar la promesa de un Gobierno que juró combatir el crimen organizado y gobernar para todos los paraguayos. Peña habla de equilibrio de poderes y respeta la autonomía judicial –lo aclaró después, como siempre–, pero sus primeras palabras fueron las que definieron su verdadera postura: la de un presidente más preocupado por la narrativa victimista de su partido que por la limpieza ética del Estado que dirige. Esa perspectiva no construye país. Esa perspectiva erosiona la confianza ciudadana, ahuyenta inversiones serias y legítimas, ya que produce la impresión de que el narcotráfico sigue teniendo a nuestro país como un territorio fértil y poco vigilado. Paraguay merece mucho más. Merece una dirigencia que, ante el delito probado, no busque excusas ni equilibre culpas, sino que condene sin atenuantes y actúe sin contemplaciones. Porque mientras el revanchismo siga siendo la respuesta presidencial, la narcopolítica seguirá riéndose en las narices del pueblo paraguayo.