La Corte Suprema de Justicia, a través de un dictamen de su Dirección de Asuntos Jurídicos, terminó por “blanquear” dos casos que ponen en evidencia, una vez más, los vicios estructurales que corroen a las instituciones paraguayas.
Por un lado, la esposa del ministro Luis María Benítez Riera, María Verónica Sienra Bertón, ocupa el cargo de directora general de Garantías Constitucionales y percibe unos 22 millones de guaraníes mensuales, sin título universitario. Por el otro, la nuera del ministro Alberto Martínez Simón, Analía Belén Carrillo Servín, disfruta de un permiso con goce de sueldo –alrededor de 11 millones– para capacitarse en Europa.
El dictamen sostiene que la idoneidad “no se identifica necesariamente con un título universitario” y que la trayectoria de la funcionaria, iniciada en 1998, justifica su ascenso. En el caso de la nuera, se argumenta que el permiso es un instituto general regulado por acordadas, no un privilegio reservado a allegados.
Técnicamente, las resoluciones pueden aferrarse a vacíos normativos. Pero la sociedad no se conforma con tecnicismos. Exige responsabilidad ética y también legal. Porque como dice el viejo adagio: “no solo hay que ser, también hay que parecer”.
Las instituciones públicas deben contar con instrumentos claros de perfil de cargo y manual de funciones, alineados con los estándares de la función pública. Estos documentos no son formalidades burocráticas: son el antídoto contra la arbitrariedad y el nepotismo. Sin ellos, cualquier “trayectoria” puede convertirse en justificación a posteriori y cualquier parentesco en ventaja competitiva.
Cuando una dirección general de Garantías Constitucionales, de la Corte Suprema de Justicia, no exige título universitario, mientras otros cargos similares sí lo hacen, se abre la puerta para que personas no idóneas ocupen posiciones de poder. El Estado no es un botín familiar. Nos merecemos a los mejores. Y los mejores se eligen por concurso, por méritos demostrables y por transparencia, no por cercanía a un ministro.
El Poder Judicial no está solo en esta práctica. El nepotismo es un mal transversal que salpica a todos los poderes del Estado. En el Ejecutivo, la hija del vicepresidente, Pedro Alliana, Montserrat Alliana Encina, fue incorporada a la Cámara de Diputados con un salario que llegó a 18 millones de guaraníes, sin haber culminado estudios universitarios, mientras personal de blanco está pugnando por conseguir mucho menos que esa suma.
En el Legislativo, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, ha sido cuestionado por el nombramiento y los sucesivos aumentos salariales de su sobrina Berenice Sosa Cabrera, quien a los 19 años y con título de bachiller percibe 9,5 millones. Estos no son casos aislados: son síntomas de una cultura política que prioriza el apellido sobre el currículum.
La transparencia no es un eslogan o, por lo menos, no debería serlo. Es la obligación de publicar perfiles de cargo, de exigir y verificar títulos, de justificar cada permiso con goce de sueldo y de someter las designaciones a escrutinio público real.
Cuando la Corte responde que hubo un “error material involuntario” al consignar “Universitario” en el legajo de la esposa de un ministro, mientras la Contraloría registra solo secundaria, no se disipa la sospecha: se agrava.
Cuando una “relatora VIP” estudia en Europa cobrando sueldo paraguayo, mientras miles de funcionarios esperan años por una simple capacitación, el mensaje es claro: hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
El Paraguay no puede seguir permitiendo que las instituciones se conviertan en extensiones de los núcleos familiares de quienes detentan el poder. La idoneidad no se negocia. La ética pública no se blanquea con dictámenes.
Y la confianza de la ciudadanía no se recupera con argumentos formales. Se recupera con hechos: perfiles de cargo serios, concursos transparentes, controles efectivos y la decisión política de poner fin al clientelismo. Esta debería ser una regla en todas las instituciones públicas, y sus más altas autoridades deberían ser las más celosas de su cumplimiento. Porque mientras el parentesco siga valiendo más que el mérito, el Estado seguirá siendo de unos pocos, y no de todos como debería ser.