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Ni “economía de guerra” ni racionalización del gasto público

Es sabido que los legisladores son muy generosos con el dinero de los contribuyentes, en beneficio propio y en el de sus respectivas clientelas instaladas en el Presupuesto. Los sobresueldos, bajo las figuras de “gastos de representación” y “bonificación por responsabilidad en el cargo”, entre otros, suponen desembolsos adicionales, como si el salario previsto no bastara para retribuir el servicio prestado. En marzo de este año, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció una “economía de guerra”, debido a las bajas recaudaciones tributarias y los compromisos gubernamentales. El presidente del Congreso, Basilio Núñez (ANR, cartista), presentó un proyecto de ley que prohíbe para este año las bonificaciones a las máximas autoridades públicas que ejerzan cargos de conducción política y superior. El proyecto sigue en discusión en el Congreso, pero puede afirmarse que, aunque fuera aprobado ahora, de hecho, será letra muerta, ya que regiría solo para el ejercicio fiscal en curso, es decir, aparenta una farsa montada por el cartismo para engañar a la opinión pública.

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Es sabido que los legisladores son muy generosos con el dinero de los contribuyentes, en beneficio propio y en el de sus respectivas clientelas instaladas en el Presupuesto, sobre todo cuando ocupan altos puestos en el Poder Legislativo: los sobresueldos, bajo las figuras de “gastos de representación” y “bonificación por responsabilidad en el cargo”, entre otros, suponen desembolsos adicionales, como si el salario previsto no bastara para retribuir el servicio prestado.

En marzo de este año, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció una “economía de guerra”, debido a las bajas recaudaciones tributarias y los compromisos gubernamentales. De inmediato, el conmovido presidente del Congreso, Basilio Núñez (ANR, cartista), cuya dieta es de 32.606.440 guaraníes mensuales, dijo que renunciaría a los 21.100.950 guaraníes que cobraba cada mes por la responsabilidad que implica dirigir dicho órgano, sin aludir a los 9.595.950 guaraníes mensuales para cubrir sus “gastos de representación” . Es más, presentó un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Senadores, que prohíbe para este año las bonificaciones a las máximas autoridades públicas que ejerzan cargos de conducción política y superior, como el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los legisladores, los gobernadores y los directivos de entes descentralizados.

Con el voto de los cartistas, la Cámara de Diputados rechazó en julio dicha iniciativa, que ya habían aprobado los senadores, alegando, entre otras cosas, que la racionalización del gasto ya está regulada por un decreto. Habrá que ver si el Senado se ratifica mañana con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, de 23. En el improbable caso de que ello ocurra, los diputados podrán volver a rechazarlo con la mayoría absoluta de dos tercios, o sea, con 53 votos. Dados los trámites pendientes y que la ley propuesta solo regiría para el ejercicio fiscal en curso, puede afirmarse que, de hecho, será letra muerta, es decir, aparenta una farsa montada por el cartismo para engañar a la opinión pública.

De hecho, dado que en el Estado no rige el menor sentido de la austeridad, no le interesa eliminar los gastos superfluos, como lo exigiría una “economía de guerra”. Lo ha vuelto a demostrar ahora enviando a Ginebra (Suiza) a dieciséis delegados para brindar un informe al comité de la ONU que busca eliminar la discriminación contra la mujer. Desde luego, los gastos de traslado y de estadía correrán a cargo de los contribuyentes, entre ellos las mujeres que hoy corren el riesgo de ser ultimadas, ante la inacción de las entidades públicas.

Los que mandan disponen a su arbitrio del dinero público; para ellos, la caridad empieza por casa. Para peor, de vez en cuando arman un espectáculo para hacer creer que son sus celosos custodios, mientras siguen llenando el Presupuesto de gastos innecesarios, opuestos al bien común. Entre otras iniquidades, las frondosas plantillas –el Poder Legislativo tiene unos 3.400 cargos– y los absurdos sobresueldos revelan que la racionalización del gasto público sigue siendo una descarada mentira, mientras la salud y la educación públicas colapsan a ojos vistas.

En gran medida, la responsabilidad corresponde al Congreso, pues sanciona el Presupuesto nacional que, por lo demás, deja de lado la Ley de Racionalización del Gasto Público, que apunta precisamente a eliminar las erogaciones superfluas. Está visto que los parlamentarios de ayer y de hoy no velan por el buen uso del dinero de sus representados, sino que se sirven de él, en provecho propio y de sus compañeros de ideales, por así llamarlos, Les gusta llenarse la boca de la palabra “pueblo”, pero en realidad priorizan algún interés particular inconfesable.

Es necesario tenerlo en cuenta en 2028, para no seguir sufriendo la infamia de que los legisladores se burlen de los gobernados con todo descaro; como los toman por idiotas, habrá que desengañarlos en las urnas. En otros términos, hay que seguirlos de cerca para advertirles que no han recibido una carta blanca para hacer con los fondos públicos cuanto se les antoje.

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