Ingresos, gastos, financiamiento, desafíos y perspectivas

En líneas generales, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023 será financiado en aproximadamente 60% con recursos del tesoro o fuente 10, alrededor del 20% con fondos del crédito público o fuente 20 y el restante con los institucionales o fuente 30. El presupuesto de la Administración Central fue presentado al Congreso Nacional con un déficit ajustado a la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) o su equivalente a US$ 651 millones.

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GENTILEZA

Los gastos propuestos para el año 2023 de los organismos que integran la Administración Central ascienden a G. 53,6 billones ó US$ 7.557 millones. De este total, el 75,4% (G. 40,4 billones) fue consignado como gastos corrientes, el 19,2% (G. 10,3 billones) de capital y finalmente el 5,4% (G. 2,9 billones) corresponde a gastos de financiamiento.

Al observar los ingresos, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023 contempla ingresos de la tesorería general y de la administración central por G. 56,4 billones o US$ 7.944 millones. Así, el 81,2% (G 45,8 billones) está agrupado en ingresos corrientes, en tanto que el 15,9% (G. 9 billones) y el 2,9% (G. 1,6 billones) corresponden a recursos de financiamiento e ingresos de capital, respectivamente.

En líneas generales, el proyecto de PGN 2023 será financiado en aproximadamente 60% con recursos del tesoro o fuente 10, alrededor del 20% con fondos del crédito público o fuente 20 y el restante, con recursos institucionales o fuente 30.

El presupuesto de la Administración Central fue presentado al Congreso Nacional con un déficit ajustado a la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) o su equivalente a US$ 651 millones.

Sin embargo, por quinto año consecutivo, el Ministerio de Hacienda en representación del Poder Ejecutivo solicitó la suspensión de la aplicación de lo establecido en el numeral 1 del Artículo 7º de la Ley Nº 5098/2013 “De Responsabilidad Fiscal”. Con esto busca contar con la autorización para superar el límite hasta el 2,3% del PIB o US$ 1001 millones aplicado al presupuesto de la Administración Central.

Con la excepción mencionada, el aumento del descalce es de 0,8% del PIB o US$ 350 millones que, de aprobarse, serán destinados para el financiamiento de los proyectos encarados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por US$ 212 millones, al componente de salud vinculado a obras de infraestructura e insumos médicos (US$ 100 millones) y a la construcción de viviendas (US$ 38 millones).

De acuerdo con explicaciones del viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, los recursos adicionales están previstos que provengan de préstamos de organismos internacionales, que permitirán el sostenimiento del sistema sanitario ampliado y la continuidad a inversiones públicas estratégicas como parte del proceso de recuperación económica del país.

Inversión pública y utilización de bonos

Como se ha referenciado en ediciones anteriores, el financiamiento de obras de infraestructura se convirtió, en los últimos años, en uno de los principales desafíos para el Estado. Ello, al considerar que desde el 2019 y durante los siguientes años, la fuerte inyección de recursos ha sido posible mediante el endeudamiento y cuyo nivel está próximo a alcanzar lo considerado “prudente y manejable”.

De acuerdo con estudios de organismos internacionales, la proporción de la deuda/PIB no debe superar el 45%. Desde el Ministerio de Hacienda ubican el umbral de la deuda pública en 40% del PIB.

Datos oficiales dan cuenta de que los pasivos totales del Paraguay ascienden a US$ 14.431,3 millones o 35,3% del PIB al cierre de julio de 2022. Sin embargo, el total incluye otros componentes como la capitalización del Banco Central del Paraguay y las deudas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Industria Nacional del Cemento (INC). Ambas entidades pagan al Ministerio de Hacienda por los recursos que habían obtenido con la colocación de los bonos soberanos. Por tanto, los fondos para el pago del pasivo no salen del Ministerio de Hacienda. Así como el bono perpetuo para la capitalización del BCP, que se configura en un arreglo contable y por el que Hacienda paga una exigua tasa.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2023 contempla una inversión en la Administración Central de G. 7,772 billones. De este total, G. 5,083 billones serán canalizados para programas y proyectos del MOPC, en tanto que los G. 2,690 billones restantes para el financiamiento de otros planes a cargo del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, además de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Agricultura y Ganadería y demás entidades.

Al desglosar los ingresos por recursos de financiamiento, el proyecto de presupuesto de la Administración Central contempla un total, como ya se precisaba, de G. 9 billones o US$ 1.265 millones, de los cuales, el 90,2% se plantea a través del endeudamiento externo, el 6% con deuda interna y el 3,8% mediante la recuperación de préstamos.

De la composición expuesta, se plantea la colocación de Bonos de la Tesorería General por US$ 548 millones al tipo de cambio estimado de G. 7.098. Del total, US$ 140 millones serían nuevos recursos y el restante se haría en concepto de canje de deuda.

En palabras del viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, “para el 2023 planteamos mantener el promedio de inversiones en US$ 1.000 millones en todo lo que es administración central. En un 90% se financiará con deuda (bonos y préstamos de organismos multilaterales y Fonacide”.

Finalmente, no solo el 2023 se presenta como un año de grandes desafíos sino los siguientes, considerando el complicado estado de las cuentas fiscales. Si bien hasta hace un tiempo el modelo de financiamiento con endeudamiento se convirtió en una valiosa herramienta para el país y que posibilitó el crecimiento en infraestructura, en los últimos años ha venido en claro deterioro y con signos de que se ha agotado.

Por tanto es urgente una reforma del gasto público que reditúe en la calidad, por consiguiente, en ahorros de recursos, además de la implementación de nuevas alternativas de financiamiento (acuerdos con el sector privado) para la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

Deuda

Según estudios de organismos internacionales, la proporción de la deuda/PIB no debe superar el 45%. Hacienda ubica el umbral de la deuda pública en 40% del PIB.

Reforma

Urge reforma del gasto público que reditúe en la calidad, en ahorros de recursos, además de la implementación de nuevas alternativas de financiamiento.

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